18X20: Eduardo Cristina fue condenado por la Justicia Federal

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 El Tribunal Oral Federal de Paraná, emitió sentencia en una causa caratulada como Infracción al Código Aduanero, lo que en este caso consistió en la conformación de una aduana paralela que provocó daños al Estado Nacional. Eduardo Horacio Cristina, ex precandidato a la intendencia de Concordia y recientemente nombrado por el gobernador Rogelio Frigerio en la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), despachante de aduana que ejerce como agente de transporte, fue condenado a pagar 18 millones de pesos a varias instituciones, según una copia de la sentencia a la que accedió Diario del SUR Digital.

El tribunal sentenció a Cristina a resarcir  en $ 4.000.000 al “Hospital Felipe Heras” de Concordia, $ 4.000.000 a la “Asociación de Bomberos Voluntarios de Concordia”, $ 4.000.000 a los “Bomberos Voluntarios de Colón”,  $ 1.500.000 a la Fundación “Huertas de Cannán” de la ciudad de Paraná, $ 1.500.000 a la “Fundación Luz de Vida” de la ciudad de Paraná y  $ 3.000.000 al “Centro Huella” de la ciudad de Paraná.

Eduardo Cristina asumió formalmente el lunes pasado como el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL). “Quiero agradecer al señor gobernador Rogelio Frigerio por confiar en mí y brindarme un lugar privilegiado en la administración provincial”, afirmó el que este año fue precandidato a intendente de Concordia por la Lista 502 “Más por Concordia”.

El despachante de Aduana fue juzgado, junto a otras 18 personas, por conformar una supuesta aduana paralela que habría causado un daño al Estado nacional por unos 3 millones de dólares. El debate oral y público se inició el pasado 11 de octubre, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

De acuerdo a lo informado en su momento por Diario UNO, la investigación estuvo centrada en el ingreso a la Argentina a través de la Aduana de Concordia de mercadería que se consideraba en tránsito entre Uruguay y Chile.

En el inicio de la causa, se detectó un camión cuya carga estaba valuada en 370 mil dólares, más de diez veces el valor declarado (u$s 22 mil). La sospecha fue que la intención era descargar en la Argentina el excedente no declarado de productos de electrónica, bazar, ferretería e informática. Los involucrados eran integrantes de la Aduana Concordia, transportistas e integrantes de una empresa textil argentina.

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