Agmer rechaza los descuentos por paros y los considera “intimidatorios”
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Frente a una situación que consideran “intimidatoria, de apriete burdo y autoritaria”, desde la comisión directiva central formularon algunas aclaraciones:
La conciliación obligatoria no la solicitó Agmer, tampoco nuestros gremios hermanos. Fue el Poder Ejecutivo de la provincia quien, acorralado ante los contundentes niveles de acatamiento a las medidas de fuerza, la masividad de las movilizaciones en todo el territorio y el acompañamiento de la sociedad entrerriana recurrió -presuroso- al ámbito de la Justicia Laboral y ésta -en misma prontitud- procedió a concederla. Agmer, respetuoso de toda norma legal, se ajustó a derecho y acató (aún no conformes con esto) lo dispuesto por la jueza.
La conciliación obligatoria dispone que las partes en conflicto deben cesar (léase, “no continuar, “insistir”, “sostener”) con lo que se denomina “estado de beligerancia”. Por ello, Agmer “no continuó” con la realización de los paros previstos, quedando estos en suspenso, hasta tanto dure el período de conciliación (20 días hábiles). Si el conflicto no se resuelve, las partes quedan liberadas a retomar las acciones que consideren pertinentes; lo establece la Ley de Paritarias Docentes (2006). En normativas laborales encontramos textos similares, incluso para otros sectores de trabajadores, incluso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Significa -concretamente- que dicho texto estipula responsabilidades de cumplimiento a ambas partes.
Sin embargo, no. El Ejecutivo que ya se puso la Constitución de la Provincia de Entre Ríos de sombrero al abonar montos en negro (poniéndose así en ilegalidad), ahora vulnera la conciliación obligatoria al aplicar -grotescamente- descuentos por días de paro a mansalva. La intención es clara y burda: disciplinar y causar desaliento el conjunto de la docencia entrerriana, que viene dando notables ejemplos de esfuerzo, compromiso y dignidad para reclamar lo que es justo y profundamente ético, lo que debería ser normal: un salario que lleve dignidad a la tarea docente, a sus familias. Entonces, no tenemos dudas que el gobierno actúa -en las negociaciones- en forma desleal. Y esto es lo que advertimos ya en la primera reunión de conciliación y que denunciaremos inmediatamente ante el mismo juzgado laboral. Quizás el gobernador no lo sepa o no lo comprenda, pero en Entre Ríos la Constitución y sus leyes se respetan.
Otros gobiernos han intentado los mismos procedimientos. Aconsejamos repasarlos y meditarlos. Porque solo logran aumentar el malestar y la bronca de las y los docentes. Autoridad, firmeza, coraje hay que tener para defender a cada ciudadana/o entrerriana/o frente a las políticas perversas de ajustes que llegan desde el gobierno nacional. Pero no, lejos de eso, el gobierno provincial viene avalando cada medida regresiva y atentatoria contra nuestros derechos. Silencio de radio cuando nos quitaron el FONID, el Fondo Compensador, los programas nacionales (comedores escolares, construcción y mantenimiento de edificios, etcétera), aprobación -cómplice- de la llamada Ley Bases, firma (de rodillas) del “Pacto de Mayo”, aprobación del RIGI. Todo a cambio de nada, los fondos coparticipables no llegan, la deuda de Nación a nuestra Caja de Jubilaciones tampoco llega. Lo único que sí se nos viene encima es más ajuste y mayor pobreza. Hoy, el salario docente ocupa los últimos cuatro lugares en el país, nos desmoronamos. El 80% de las y los docentes estamos bajo la línea de pobreza y un gran sector se debate en los límites de la indigencia. Así vamos a trabajar, es amoral lo que nos está pasando.
Luego de esta serie de puntualizaciones, desde Agmer advirtieron que “de ninguna manera, se tolerará un solo atropello más, ni un solo ajuste más: la única esencialidad, en Entre Ríos, pasa por tener un salario digno. Lo sostenemos porque todo intento por debilitar un solo derecho consagrado constitucionalmente profundizará el conflicto”.
A su vez, alertaron que la Ley Previsional Nº 8732 “no se toca siquiera en una sola línea. Reclamamos no meter más leña al fuego. El Ejecutivo debe ajustarse a derecho y no descontar un solo día de paro”.
