Con la licuadora el gobierno ya ajustó $ 677 mil millones del Potenciar Trabajo

El beneficio está congelado en $ 78 mil desde diciembre cuando debería estar en casi $ 120 mil si se mantenía el enganche con el salario mínimo. El “ahorro” llegaría a casi 2 billones de pesos en todo el año.

A la hora de presentar el proyecto de Presupuesto 2025 el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó “cuatro grandes ejes que guían la gestión del Gobierno Nacional”. Entre ellos, y en segundo lugar, el texto destaca “el acompañamiento social sin intermediaciones”.

La alusión es certera. En la estrategia general del gobierno, uno de los objetivos es el de desmantelar a las organizaciones sociales y piqueteras que, en su rol de unidades ejecutoras, gestionan las cooperativas de trabajo en las que se desempeñan gran parte del millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Las organizaciones, además, son la herramienta mediante la cual los trabajadores desocupados luchan por defender su poder adquisitivo.

¿Volver al trabajo?

Con un propósito similar el gobierno anterior, por decisión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, derivó los entonces 1,2 millones de beneficiarios que dependían del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de Trabajo.

De allí surgió el programa «Volver al Trabajo» que repetía por enésima vez el intento de transferir mano de obra a empresas privadas con beneficios impositivos y subsidio de una parte del salario. Ya se intentó con el Programa de Inserción Laboral (PIL) en 2006, el Plan Empalme en 2017, el  Programa Formación, Empleo e Intermediación laboral en 2021 y, en octubre de 2022, con el Puente al Empleo. Los resultados siempre fueron magros.

Ahora, con el marco de una profunda recesión y centenares de miles de despidos, la propuesta luce todavía más inviable. Pero, para forzar la migración, las cooperativas ejecutoras de obras fueron desmanteladas y desfinanciadas. No hay interés alguno del gobierno para que los beneficiarios tomen tareas.

Déficit cero

El primer y verdadero objetivo del gobierno es de orden fiscal. En febrero de este año, el vocero presidencial, Manuel Adorni, formalizó lo que ya ocurría desde diciembre, cuando se dejó sin efecto el enganche del valor del Potenciar Trabajo con el 50% del salario mínimo (el enganche venía desde diciembre de 2016, cuando se creó el salario social complementario en el marco de la Ley 27.345).

Por eso, desde diciembre, los beneficios se encuentran congelados en $ 78 mil cuando, si hubieran acompañado al salario mínimo vital y móvil, en mayo deberían estar en $117.157. Perdieron un 33% con relación a ese haber.

La depreciación es mayor si se toma la inflación como referencia. La pérdida de poder adquisitivo llega al 46,3% a mayo, mes en el que, siguiendo a la inflación acumulada, debió estar en 168.230 pesos.

El impacto sobre los ingresos de los beneficiarios explica gran parte del incremento de la desigualdad que, en el primer trimestre del año y según datos del Indec, dio un salto significativo. A pesar de la caída generalizada de los ingresos, el 10% más rico pasó de ganar 18 veces lo que ganaba el diez por ciento más pobre, a 23 veces en apenas tres meses. El gobierno busca generar un ahorro sustancial en las cuentas fiscales a expensas de los sectores más relegados.

Ahorro billonario

Para establecer una cifra real del «ahorro» fiscal, a la pérdida del poder adquisitivo de cada uno de los beneficios hay que sumarle las bajas que, según las organizaciones, entre un ajuste inicial y otro a cuentagotas, podrían rondar las 150 mil; la eliminación del programa Nexo que concedía un doble beneficio a quienes duplicaran el horario de su contraprestación y que en abril de 2023 llegaban a 160 mil personas y, por último, la reducción de las partidas para el funcionamiento de las unidades ejecutoras.

Según proyecciones realizadas por este medio basadas en datos oficiales, omitiendo el tercero de esos ítems, solo por ingresos y por su falta de actualización, el gobierno ahorró, entre diciembre y junio de este año, $ 677 mil millones. Al tipo de cambio oficial, se trata de U$S 723,9 millones.

En el caso de que el gobierno persista en el congelamiento del beneficio, y tomando en cuenta las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central que pronostican una suba de precios mensual promedio del 4,5%,  el ajuste acumulará hasta fin de año y sin computar los aguinaldos, la suma de $ 1,8 billones, casi U$S 1900 millones.

El objetivo

Desde la vocería de la cartera de Capital Humano no fueron capaces de dar precisiones sobre el rumbo anunciado por Luis Caputo. Se limitaron a señalar que “ya se terminó con esa intermediación. Desde diciembre el cobro es directo a los beneficiarios”. Sin embargo, omitieron explicar si planean algún mecanismo de actualización y si el plan para terminar con la supuesta intermediación será disolviendo definitivamente las cooperativas de trabajo o poniendo fin a la contraprestación. Esto último es lo que, en los hechos, viene ocurriendo desde diciembre.

La única información compartida, sin embargo, fue desmentida por las organizaciones. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera, señaló a este diario que “no cambió nada sobre la supuesta intermediación. Hace diez años que existen las tarjetas donde el beneficiario cobra en forma directa y elige una organización donde hacer la contraprestación. Lo que hicieron fue eliminar los programas que se organizaban alrededor de los Potenciar y ya no es obligatoria esa contraprestación”. De hecho, continuó, “el Volver al Trabajo no se activó. No funciona. La gente no tiene ni dónde inscribirse y no hay ninguna indicación oficial”.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, denunció que “han puesto en marcha nuevos programas en los cuales solo le plantean a la gente que cobre sin hacer nada. No tienen capacidad de desplegar los trabajos comunitarios. El objetivo no es la reinserción laboral ni que la gente aprenda un oficio sino congelar el ingreso para que el Potenciar sea una dádiva del Estado y no un incentivo para que la gente se organice en espacios comunitarios y productivos».

Saravia señaló que “ellos llaman intermediación a la organización. Tratan de romper los lazos de solidaridad y trabajo comunitario. No lo van a lograr. Se mantiene a pesar de que persigan a las organizaciones”.

El dirigente del Polo Obrero denunció que “no hay canales de negociación con las organizaciones, pero tampoco para las personas en forma individual. Dieron de baja los circuitos administrativos”. Lo que quieren, dijo, «es terminar es con la organización de esos desocupados que reclaman los aumentos y la comida. No van a poder».