La Corte Suprema de Justicia dej\u00f3 firme la condena por peculado contra Jorge Rodr\u00edguez, ex director de la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad (DPV) de Entre R\u00edos, por haber desviado fondos p\u00fablicos para financiar la creaci\u00f3n y el funcionamiento de una escuela privada vinculada a una asociaci\u00f3n civil que \u00e9l mismo integraba. La condena surgi\u00f3 por una denuncia que hab\u00eda realizado el dirigente radical Jorge Monge y otros diputados.<\/p>\n\n\n\n
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La sentencia condenatoria hab\u00eda sido dictada en junio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paran\u00e1, que hall\u00f3 probado el uso irregular de un total de 4.018.000 pesos del presupuesto de Vialidad para costear la Escuela Privada N\u00b0 235 \u201cHeraclia Ruiz D\u00edaz\u201d, inaugurada en 2014.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, Rodr\u00edguez recibi\u00f3 una pena de dos a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n condicional, inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos y la obligaci\u00f3n de realizar tareas comunitarias. Tambi\u00e9n fue sentenciado N\u00e9stor Alberto Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministros de la DPV, mientras que otro ex directivo del organismo, Mario Ricardo Heyde, result\u00f3 absuelto por falta de acusaci\u00f3n durante el debate.<\/p>\n\n\n\n
El caso se origin\u00f3 a partir de una denuncia presentada por varios diputados provinciales, entre ellos el radical Jorge Monge, quienes advirtieron que la entidad vial hab\u00eda utilizado recursos p\u00fablicos para financiar la escuela de gesti\u00f3n privada ubicada en la calle Brasil 1050 de la ciudad de Paran\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo al fallo, la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad no ten\u00eda atribuciones legales para destinar fondos al sistema educativo, ni para fundar ni sostener instituciones escolares. Durante el juicio oral se corrobor\u00f3, adem\u00e1s, que docentes y personal fueron contratados bajo figuras laborales propias del organismo estatal, con documentaci\u00f3n fechada antes de la creaci\u00f3n formal de la asociaci\u00f3n civil que deb\u00eda administrar la escuela, public\u00f3 InfoBae.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, el tribunal de juicio cuestion\u00f3 la creaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n civil \u201cLos Viales\u201d, que describi\u00f3 como una persona jur\u00eddica ficticia, sin actividad real ni capacidad para asumir las obligaciones econ\u00f3micas de la instituci\u00f3n. Esta estructura fue utilizada, seg\u00fan los jueces, para eludir controles del Tribunal de Cuentas provincial y dar apariencia de legalidad al esquema de desv\u00edo.<\/p>\n\n\n\n
En sus fundamentos, el tribunal remarc\u00f3 que no exist\u00eda sustento normativo -ni en la Ley Nacional de Tr\u00e1nsito ni en la legislaci\u00f3n provincial- que habilitara a la DPV a financiar actividades de \u00edndole educativa. Tambi\u00e9n objet\u00f3 la cesi\u00f3n sin contraprestaci\u00f3n, por un per\u00edodo de dos d\u00e9cadas, de inmuebles p\u00fablicos para uso escolar, lo que calific\u00f3 como una maniobra irregular.<\/p>\n\n\n\n
La conducta atribuida a Rodr\u00edguez fue encuadrada en el art\u00edculo 261 del C\u00f3digo Penal, que integra el Cap\u00edtulo VII sobre \u201cMalversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos\u201c. Esta norma establece que ser\u00e1 reprimido con c\u00e1rcel de dos a diez a\u00f1os e inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua \u201cel funcionario p\u00fablico que sustrajere caudales o efectos cuya administraci\u00f3n, percepci\u00f3n o custodia le haya sido confiada por raz\u00f3n de su cargo\u201d. La misma pena alcanza al funcionario que utilice en provecho propio o de un tercero \u201ctrabajos o servicios pagados por una administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La defensa del ex director de Vialidad de Entre R\u00edos present\u00f3 distintos planteos con el fin de revocar su condena, sin embargo, las diferentes instancias penales fueron desestimando las sucesivas impugnaciones.<\/p>\n\n\n\n
En ese contexto, el expediente recay\u00f3 en la Corte Suprema de Justicia, donde los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron en conjunto el rechazo del recurso de queja interpuesto en virtud del incumplimiento del reglamento fijado en la Acordada 4\/2007 para presentarse directamente ante el M\u00e1ximo Tribunal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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