La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n de Argentina dispuso el sobreseimiento por prescripci\u00f3n de la causa contra el ex sacerdote Justo Jos\u00e9 Ilarraz, condenado a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por abusar sexualmente a siete menores en un seminario realizado en la ciudad de Paran\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
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El fallo le dio la raz\u00f3n a la defensa del acusado que hab\u00eda sido expulsado por el Papa Francisco en 2024, al determinar que los delitos en cuesti\u00f3n prescrib\u00edan a los 12 a\u00f1os de cometidos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la causa, los hechos ocurrieron concretamente entre los a\u00f1os 1985 y 1993, cuando Ilrraz se desempe\u00f1aba como Prefecto de Disciplina en el Seminario Arquidiocesano \u201cNuestra Se\u00f1ora del Cen\u00e1culo\u201d de Paran\u00e1. En ese contexto, sucedieron los siete hechos de corrupci\u00f3n de menores y abuso que motivaron su condena.<\/p>\n\n\n\n
Las v\u00edctimas, en su mayor\u00eda, eran chicos de entre 12 y 14 a\u00f1os provenientes de familias campesinas que \u2014seg\u00fan los testimonios recabados en el expediente judicial\u2014 hab\u00edan ingresado al seminario con vocaci\u00f3n de convertirse en sacerdotes. All\u00ed recib\u00edan orientaci\u00f3n espiritual personal del ex sacerdote.<\/p>\n\n\n\n
Las primeras denuncias documentadas dentro de la Iglesia contra Ilarraz datan de 1994, cuando algunas de las v\u00edctimas, a\u00fan menores, alertaron a autoridades eclesi\u00e1sticas. De acuerdo a los antecedentes judiciales, la entonces jerarqu\u00eda eclesi\u00e1stica decidi\u00f3 trasladar a Ilarraz primero a otra parroquia en Entre R\u00edos y posteriormente a Roma bajo pretexto de ampliar sus estudios.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que el ex sacerdote regres\u00f3 m\u00e1s tarde a la provincia de Tucum\u00e1n, continuando su labor pastoral sin restricciones, hasta que en 2012 se formalizaron las primeras acusaciones p\u00fablicas ante la justicia penal. Ese a\u00f1o, el caso tom\u00f3 notoriedad nacional tras hacerse p\u00fablicas las m\u00e1s de 50 denuncias reunidas por asociaciones de v\u00edctimas y las primeras acciones legales impulsadas contra \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n
La condena a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n dictada contra Ilarraz se apoy\u00f3 en los testimonios de siete j\u00f3venes abusados y en pruebas recogidas a lo largo de varios a\u00f1os de proceso penal. Pero desde el inicio, la defensa enfoc\u00f3 su argumentaci\u00f3n en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los abogados del acusado, los delitos prescrib\u00edan a los 12 a\u00f1os de cometidos, por lo que ya no hab\u00eda lugar para la persecuci\u00f3n penal, dado que las denuncias formales reci\u00e9n se presentaron en la justicia ordinaria casi dos d\u00e9cadas despu\u00e9s de los hechos. Esta l\u00ednea argumental persisti\u00f3 durante todo el proceso y cobr\u00f3 fuerza al llegar la causa al m\u00e1ximo tribunal, public\u00f3 InfoBae.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre R\u00edos, que confirm\u00f3 la condena, decidi\u00f3 aplicar una interpretaci\u00f3n amplia al considerar imprescriptibles los delitos denunciados. Argument\u00f3 que la gravedad de los hechos y el derecho internacional \u2014en particular la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o\u2014 obligaban a garantizar tutela judicial efectiva a las v\u00edctimas, un principio luego ratificado por la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n en dict\u00e1menes similares, seg\u00fan consta en el expediente.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de esta jurisprudencia y del reclamo de decenas de denunciantes, la CSJN resolvi\u00f3 hacer lugar al recurso extraordinario federal presentado por la defensa. En el fallo, se\u00f1alaron que \u201cla cuesti\u00f3n excede el inter\u00e9s individual de las partes y se proyecta a numerosas causas en las que tambi\u00e9n se encuentra en discusi\u00f3n la vigencia de la acci\u00f3n penal en relaci\u00f3n con la presunta comisi\u00f3n de abusos sexuales contra menores de edad en el per\u00edodo previo a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La Corte objet\u00f3 que los tribunales entrerrianos asimilaran estos delitos a cr\u00edmenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. Seg\u00fan el tribunal, \u201clos hechos que encuadran dentro de la categor\u00eda de los delitos de lesa humanidad son de una naturaleza radicalmente distinta de la que revisten los aqu\u00ed denunciados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, ante la comprobaci\u00f3n de que hab\u00eda transcurrido el plazo previsto en el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Penal y de que no exist\u00eda causal de suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n de la acci\u00f3n, la causa penal por los delitos cometidos fue declarada extinguida por la Corte Suprema y se sobresey\u00f3 a Justo Jos\u00e9 Ilarraz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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