El Poder Ejecutivo dec\u00eda que no pod\u00eda poner en marcha la norma porque el Congreso no hab\u00eda especificado el origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n
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La Justicia orden\u00f3 la inmediata aplicaci\u00f3n de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Si bien el gobierno nacional hab\u00eda promulgado la norma, su ejecuci\u00f3n se encontraba en pausa porque el Poder Ejecutivo argumentaba que el Congreso no hab\u00eda estipulado el origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, el Juzgado Federal de Campa\u00f1a puso fin a la controversia y en un fallo de alto impacto social declar\u00f3 la invalidez del Art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 681\/2025, que promulg\u00f3 la ley pero suspendi\u00f3 su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia ordena la inmediata aplicaci\u00f3n de la ley en todo el pa\u00eds y tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios, quienes hab\u00edan visto restringidos sus derechos por la decisi\u00f3n del Poder Ejecutivo Nacional.<\/p>\n\n\n\n
La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad titulares de Certificado \u00danico de Discapacidad, y r\u00e1pidamente sum\u00f3 la adhesi\u00f3n de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el pa\u00eds. El reclamo central apuntaba a que la suspensi\u00f3n de la ley, dispuesta por el decreto presidencial, privaba a miles de personas de las medidas de emergencia dise\u00f1adas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protecci\u00f3n de derechos fundamentales como la salud, la educaci\u00f3n y la inclusi\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto de fondo gir\u00f3 en torno a la divisi\u00f3n de poderes y la supremac\u00eda constitucional. El Congreso hab\u00eda sancionado la Ley 27.793 en julio de 2025, declarando la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. El Poder Ejecutivo Nacional vet\u00f3 la norma por razones de sostenibilidad fiscal, pero el Congreso rechaz\u00f3 el veto y, conforme al Art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Nacional, la ley deb\u00eda ser promulgada y aplicada sin condiciones. Sin embargo, el Ejecutivo dict\u00f3 el Decreto 681\/2025, suspendiendo la ejecuci\u00f3n de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional, invocando el Art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 24.629 y el Art\u00edculo 38 de la Ley 24.156.<\/p>\n\n\n\n
La demanda colectiva argument\u00f3 que esta suspensi\u00f3n constitu\u00eda una \u201cinvasi\u00f3n flagrante\u201d de las competencias del Congreso y una violaci\u00f3n del principio de supremac\u00eda constitucional. Sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria, ni subordinarla a normas de rango inferior. Adem\u00e1s, denunci\u00f3 que la medida perpetuaba el desfinanciamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, agravando la crisis de instituciones, profesionales y familias.<\/p>\n\n\n\n
El expediente reuni\u00f3 un extenso caudal probatorio y la adhesi\u00f3n de entidades como la Asociaci\u00f3n Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integraci\u00f3n Social, la Asociaci\u00f3n Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federaci\u00f3n Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad (CAIDIS), la Asociaci\u00f3n de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la Asociaci\u00f3n de Transportistas y Amigos Educaci\u00f3n para Capacidades Distintas (ATAECaDis), y la Asociaci\u00f3n Civil Colectivo 3 de diciembre, entre muchas otras. Los informes de amicus curiae y las presentaciones de prestadores y familiares coincidieron en describir una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflaci\u00f3n acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%, generando una p\u00e9rdida del poder adquisitivo del 51,5%. Se document\u00f3 el cierre de instituciones, la interrupci\u00f3n de tratamientos, la p\u00e9rdida de empleos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n, en su defensa, neg\u00f3 que el decreto implicara una suspensi\u00f3n arbitraria y sostuvo que la ejecuci\u00f3n de la ley sin financiamiento espec\u00edfico pondr\u00eda en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado. Argument\u00f3 que el Jefe de Gabinete de Ministros no pod\u00eda reasignar partidas presupuestarias para la ley suspendida y que la decisi\u00f3n de incluir los fondos correspond\u00eda al Congreso. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que hacer lugar al amparo podr\u00eda afectar gravemente el funcionamiento de otras \u00e1reas estatales.<\/p>\n\n\n\n
El fallo del Juzgado Federal de Campana analiz\u00f3 en profundidad la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n sobre derechos de incidencia colectiva, la legitimaci\u00f3n para accionar en defensa de intereses individuales homog\u00e9neos y la obligaci\u00f3n estatal de adoptar medidas de acci\u00f3n positiva para grupos vulnerables. El juez record\u00f3 que la Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarqu\u00eda constitucional, imponen al Estado la obligaci\u00f3n de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales.<\/p>\n\n\n\n
En uno de los pasajes centrales, la sentencia sostuvo: \u201cla cl\u00e1usula del Art. 2 del Decreto 681\/2025 resulta ser inv\u00e1lida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgaci\u00f3n establecido por el Art. 83 de la Constituci\u00f3n Nacional. Ello, pues al pretender suspender la ejecuci\u00f3n de una ley que por imperativo legal debe aplicar, el PEN excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere en el marco de dicho procedimiento, en clara transgresi\u00f3n al principio de legalidad al cual se halla sujeto su actuar, contraviniendo adem\u00e1s el principio de supremac\u00eda constitucional mediante la subordinaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n a las prerrogativas de una norma de jerarqu\u00eda inferior.\u201d<\/p>\n\n\n\n
El juez tambi\u00e9n desestim\u00f3 el argumento fiscal del Ejecutivo, se\u00f1alando que el propio Congreso hab\u00eda facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley, y que el gobierno hab\u00eda realizado m\u00e1s de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023. La sentencia remarc\u00f3: \u201cnada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiaci\u00f3n que la Ley 27.793 le ha otorgado y, como en tantas otras oportunidades, reconducir las partidas como considere oportuno y adecuado en pos del cumplimiento del mandato de la promulgada ley. Lo contrario, concurrir\u00eda a configurar un uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN, cuya caracter\u00edstica central estar\u00eda determinada por un doble est\u00e1ndar que violentar\u00eda en forma cabal las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado argentino ya rese\u00f1adas.\u201d<\/p>\n\n\n\n
El fallo subray\u00f3 la gravedad de la situaci\u00f3n para las personas con discapacidad, especialmente ni\u00f1os y adultos mayores, y la necesidad de una protecci\u00f3n reforzada. Cit\u00f3 la reciente opini\u00f3n consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoci\u00f3 el derecho aut\u00f3nomo al cuidado y la obligaci\u00f3n estatal de garantizarlo. Adem\u00e1s, rechaz\u00f3 los planteos de la demandada sobre hechos nuevos vinculados al debate presupuestario en el Congreso, por considerarlos irrelevantes para la cuesti\u00f3n de fondo.<\/p>\n\n\n\n
En su parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acci\u00f3n colectiva, declar\u00f3 la invalidez del Art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 681\/2025 y orden\u00f3 la aplicaci\u00f3n inmediata de la Ley 27.793 para todo el colectivo representado. Impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificaci\u00f3n a todas las partes y la publicaci\u00f3n del fallo en el Registro P\u00fablico de Procesos Colectivos.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n marca un precedente en la defensa judicial de los derechos de las personas con discapacidad y reafirma el l\u00edmite constitucional a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en materia de derechos sociales, especialmente cuando se trata de grupos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, public\u00f3 Infobae.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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