Un relevamiento del Observatorio de Tierras advierte que 13 millones de hect\u00e1reas est\u00e1n en manos extranjeras. El estudio detecta niveles cr\u00edticos en departamentos de Santa Fe y Entre R\u00edos y se\u00f1ala una entrega sistem\u00e1tica de recursos estrat\u00e9gicos, como agua dulce y minerales, en medio del intento oficial de modificar la Ley de Tierras y habilitar la producci\u00f3n en zonas incendiadas.<\/p>\n\n\n\n
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El Gobierno nacional envi\u00f3 un proyecto de modificaci\u00f3n dr\u00e1stica de la llamada Ley de Tierras (26.737) que permite la producci\u00f3n en terrenos arrasados por el fuego y libera la venta a extranjeros de suelo argentino.<\/p>\n\n\n\n
Esto ocurre en el contexto de los incendios en la Patagonia y la avanzada de la administraci\u00f3n estadounidense de Donald Trump sobre los recursos naturales de Am\u00e9rica Latina. M\u00e1s all\u00e1 de frases hechas y esl\u00f3ganes, un relevamiento cient\u00edfico arroja datos alarmantes sobre la propiedad del suelo en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el Conicet, present\u00f3 un mapa interactivo que desnuda una realidad poco visibilizada: la constante entrega a extranjeros de territorios clave con acceso a agua dulce, minerales y nodos log\u00edsticos. En Entre R\u00edos, los departamentos de Gualeguay, Concordia y La Paz se ubican por encima del promedio nacional de extranjerizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El mapa interactivo fue desarrollado por la soci\u00f3loga Julieta Caggiano y el historiador Mat\u00edas Oberlin, ambos becarios del Conicet, integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Pol\u00edticas Agrarias (Milpa). Seg\u00fan el informe, aproximadamente el 5% del territorio nacional est\u00e1 en manos de firmas o estados extranjeros. Ese porcentaje representa m\u00e1s de 13 millones de hect\u00e1reas, una extensi\u00f3n equivalente a la superficie total de Inglaterra.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores advierten que el enfoque oficial, seg\u00fan el cual ninguna provincia incumple el l\u00edmite del 15% de extranjerizaci\u00f3n, resulta enga\u00f1oso. Al analizar los datos departamento por departamento, el escenario cambia de manera significativa: existen 36 distritos que ya superan el l\u00edmite legal establecido por la norma vigente.<\/p>\n\n\n\n
En Entre R\u00edos, tres departamentos superan el promedio nacional del 5%. Se trata de La Paz, con un 9%, lo que equivale a 56.636,41 hect\u00e1reas en manos de extranjeros; Gualeguay, tambi\u00e9n con un 9%, que representa 57.043,59 hect\u00e1reas extranjerizadas; y Concordia, con un 6%, es decir, 17.864,55 hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n
En Santa Fe, el departamento de Garay aparece como un caso emblem\u00e1tico. All\u00ed, del total de 391.776,85 hect\u00e1reas, 61.629,59 est\u00e1n en manos extranjeras, lo que representa un 16% de su superficie.<\/p>\n\n\n\n
El mapa interactivo muestra que la extranjerizaci\u00f3n no se distribuye de manera aleatoria, sino que se concentra en zonas con recursos de alto valor estrat\u00e9gico en un contexto de crisis clim\u00e1tica y energ\u00e9tica global. Los departamentos de Lacar, en Neuqu\u00e9n; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, superan el 50% de su superficie en manos for\u00e1neas. A su vez, localidades ubicadas a la vera del r\u00edo Paran\u00e1, como Iguaz\u00fa en Misiones, Ituzaing\u00f3 en Corrientes y Campana en la provincia de Buenos Aires, superan el 30%.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al origen de los propietarios, Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hect\u00e1reas en manos de ciudadanos o empresas de ese pa\u00eds. Le siguen Italia y Espa\u00f1a. \u00abSolo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucum\u00e1n\u00bb, se\u00f1ala el informe. \u00abNo es una cuesti\u00f3n ideol\u00f3gica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patr\u00f3n es claro: las situaciones m\u00e1s cr\u00edticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos h\u00eddricos o minerales\u00bb, explic\u00f3 Caggiano.<\/p>\n\n\n\n
El informe tambi\u00e9n repasa los antecedentes hist\u00f3ricos del proceso y se\u00f1ala que un punto de quiebre \u00aben el proceso contempor\u00e1neo de extranjerizaci\u00f3n de tierras se produjo a fines de los a\u00f1os noventa\u00bb. En ese sentido, recuerda que en 1996 el gobierno de Carlos Menem cre\u00f3 la Secretar\u00eda de Seguridad Interior (SSI), que asumi\u00f3 funciones que pertenec\u00edan a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros a\u00f1os, la SSI autoriz\u00f3 la venta de m\u00e1s de 8 millones de hect\u00e1reas en zonas de seguridad fronteriza.<\/p>\n\n\n\n
Esas \u00e1reas estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establec\u00eda su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Sin embargo, esa normativa \u00abfue ampliamente vulnerada en la d\u00e9cada de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones\u00bb, detalla el estudio. Entre los casos emblem\u00e1ticos se mencionan el de Lago Escondido, en R\u00edo Negro, adquirido por el magnate brit\u00e1nico Joe Lewis, y el de las tierras patag\u00f3nicas compradas por el empresario italiano Luciano Benetton a trav\u00e9s de la Compa\u00f1\u00eda de Tierras del Sud Argentino.<\/p>\n\n\n\n
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulaci\u00f3n tras el \u00abboom\u00bb de los commodities, fue objeto de reiterados intentos de flexibilizaci\u00f3n. Tras el freno judicial al DNU 70\/2023 a partir de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, el Ejecutivo de Javier Milei impuls\u00f3 una v\u00eda pol\u00edtica a trav\u00e9s del Consejo de Mayo, que aprob\u00f3 cambios relevantes.<\/p>\n\n\n\n
Para los especialistas, la derogaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de la norma no apunta a atraer inversiones productivas, sino a facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. Se\u00f1alan que casos como el de Malarg\u00fce, en Mendoza, donde la extranjerizaci\u00f3n del 15% coincide con 18 nuevos proyectos mineros, anticipan un aumento de la conflictividad social si el Estado abandona su rol de control. \u00abSi uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es \u00fatil\u00bb, explic\u00f3 Oberlin.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores tambi\u00e9n contextualizan el fen\u00f3meno en el avance de Estados Unidos sobre los recursos naturales de Am\u00e9rica Latina y el reimpulso de la doctrina Monroe. En ese marco, sostienen que el cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional puede leerse como una redefinici\u00f3n de \u00abqui\u00e9n controla territorios clave hacia adelante\u00bb. El caso reciente de Venezuela, con la toma de posesi\u00f3n del petr\u00f3leo por parte de empresas estadounidenses, es citado como ejemplo, public\u00f3 Uno.<\/p>\n\n\n\n
En este escenario, advierten que permitir la expansi\u00f3n extranjera sin l\u00edmites sobre acu\u00edferos que abastecen a millones de personas o sobre zonas cordilleranas con minerales cr\u00edticos reduce de manera dr\u00e1stica la soberan\u00eda argentina. En un mundo donde el agua dulce y la energ\u00eda se consolidan como ejes centrales del conflicto internacional, la informaci\u00f3n producida por el Observatorio de Tierras funciona como un llamado de alerta: \u00abDesarmar las protecciones existentes reconfigura qui\u00e9n decide, qui\u00e9n accede y qui\u00e9n queda afuera en algunos de los espacios m\u00e1s sensibles del pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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