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<\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a>La Comisi\u00f3n Administradora del R\u00edo Uruguay (CARU), organismo binacional dependiente de la Canciller\u00eda Argentina y responsable de la administraci\u00f3n de los puentes internacionales Gualeguaych\u00fa\u2013Fray Bentos y Col\u00f3n\u2013Paysand\u00fa, atraviesa uno de los momentos institucionales m\u00e1s delicados de los \u00faltimos a\u00f1os. Documentaci\u00f3n interna, notas administrativas y movimientos financieros identificables configuran un cuadro de presuntas irregularidades que comprometen la transparencia en el manejo de fondos y el respeto del marco normativo que rige al organismo.<\/p>\n\n\n\n El punto m\u00e1s sensible emerge de una paradoja dif\u00edcil de justificar: una delegaci\u00f3n argentina designada formalmente \u201cad honorem\u201d que, pese a esa condici\u00f3n, habr\u00eda estructurado un mecanismo para disponer de alrededor de 50.000 d\u00f3lares mensuales en concepto de gastos de representaci\u00f3n. La operatoria, impulsada desde la Presidencia de la CARU, expone no solo un uso presuntamente irregular de recursos binacionales, sino tambi\u00e9n una pr\u00e1ctica administrativa que elude controles b\u00e1sicos y desnaturaliza la finalidad del gasto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n El actual presidente de la CARU, Ra\u00fal Luis Montero, fue designado por el Decreto N\u00b0 394\/2025, publicado el 17 de junio de 2025. Es de profesi\u00f3n abogado, exfuncionario del del Instituto de Obra M\u00e9dico Asistencial (IOMA) y m\u00e1s tarde asesor general durante la gesti\u00f3n del entonces gobernador Daniel Scioli, y asumi\u00f3 el cargo de presidente de la delegaci\u00f3n argentina de la CARU con un discurso orientado a la austeridad y la eliminaci\u00f3n de privilegios. Sin embargo, los hechos documentados parecen contradecir ese encuadre.<\/p>\n\n\n\n Gastos inexistentes para cargos sin remuneraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n La delegaci\u00f3n argentina est\u00e1 integrada por cuatro miembros -cuando el Estatuto prev\u00e9 cinco-: el propio Montero (presidente), Francisco Mansanta, Agustina Pi\u00f1eiro y Mar\u00eda Laura Ojeda, los tres como delegados. Todos ellos fueron designados \u201cad honorem\u201d y contin\u00faan percibiendo sus salarios de los organismos de origen, lo que excluye, por definici\u00f3n, la percepci\u00f3n de gastos de representaci\u00f3n financiados por la CARU.<\/p>\n\n\n\n Pese a ello, mediante la Nota DACARU N\u00b0 52\/2025, Montero elev\u00f3 un proyecto de resoluci\u00f3n para que los gastos de representaci\u00f3n correspondientes a \u201ccinco\u201d delegados fueran depositados en la cuenta N\u00b0 0122773 del Banco Naci\u00f3n, sucursal Montevideo. El argumento formal fue financiar el \u201cmantenimiento\u201d de la delegaci\u00f3n. El desv\u00edo estimado asciende a unos 50.000 d\u00f3lares mensuales (1).<\/strong><\/p>\n\n\n\n El mecanismo presenta al menos tres problemas de fondo: se asignan fondos por un concepto incompatible con la condici\u00f3n \u201cad honorem\u201d; se centralizan recursos en una cuenta en el exterior sin asignaci\u00f3n individualizada; y no se establece un sistema de rendici\u00f3n que permita verificar el destino efectivo del dinero. En los hechos, se diluye la trazabilidad del gasto y se vac\u00eda de contenido la noci\u00f3n misma de representaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Beneficios paralelos y uso intensivo de recursos comunes<\/strong><\/p>\n\n\n\n A ese flujo mensual se suman beneficios adicionales financiados \u00edntegramente por la CARU: oficinas solventadas junto con la Canciller\u00eda, veh\u00edculos de alta gama -entre ellos una VW Tiguan y una Corolla Cross-, algunos con chofer; cobertura total de combustibles, peajes, vi\u00e1ticos y alimentaci\u00f3n; y alojamiento con modalidad \u201call inclusive\u201d en dependencias del organismo durante estad\u00edas en la sede.<\/p>\n\n\n\n Los recursos utilizados provienen principalmente del cobro de peajes en los puentes internacionales, ingresos que pertenecen en partes iguales a la Argentina y al Uruguay. La ausencia de criterios p\u00fablicos de asignaci\u00f3n y de rendiciones detalladas constituye una vulneraci\u00f3n al principio de transparencia que debe regir el manejo de fondos binacionales.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, fuentes del organismo indicaron\u00a0que Pablo Enrique Bertone, chofer del organismo y actualmente asesor, realiza traslados mensuales a Montevideo en veh\u00edculos oficiales para retirar los fondos depositados. La operatoria implicar\u00eda transporte de efectivo por montos que exceder\u00edan los l\u00edmites permitidos por la normativa aduanera, con vi\u00e1ticos diarios superiores a los 150 d\u00f3lares. De confirmarse, el procedimiento compromete controles elementales sobre circulaci\u00f3n transfronteriza de dinero p\u00fablico, ejecutados por orden de altos funcionarios de Canciller\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Asesores, sueldos elevados y funciones superpuestas<\/strong><\/p>\n\n\n\n La gesti\u00f3n tambi\u00e9n incorpor\u00f3 asesores con remuneraciones elevadas y uso de veh\u00edculos oficiales con patente diplom\u00e1tica, sin constancias p\u00fablicas de control. Se destacan los casos de Gabriel Morano, secretario T\u00e9cnico y Administrador del Puente Internacional General Artigas, y el de Tamara Iv\u00f3n Cerneaux, asesora externa.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n de Morano resulta particularmente sensible: concentra dos cargos estrat\u00e9gicos y registra una presencia laboral limitada, lo que afecta el funcionamiento operativo del organismo y plantea interrogantes sobre la eficacia del control interno. La superposici\u00f3n de funciones sin mecanismos claros de supervisi\u00f3n contradice las buenas pr\u00e1cticas administrativas y expone riesgos de conflicto de intereses.<\/p>\n\n\n\n Un proyecto millonario fuera de competencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Otra se\u00f1al de alarma se encendi\u00f3 con la Nota Externa DACARU N\u00b0 50\/2025, firmada por Montero y acompa\u00f1ada por un \u201ccaso de negocio\u201d elaborado por Cerneaux. All\u00ed se propuso un convenio con la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad para repavimentar rutas provinciales argentinas -en particular la Ruta 136 que vincula a Gualeguaych\u00fa con Fray Bentos- por un monto estimado en 15 millones de d\u00f3lares (2).<\/strong><\/p>\n\n\n\n El esquema de financiamiento inclu\u00eda fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del r\u00edo Uruguay y la evaluaci\u00f3n de un aumento de peajes. La delegaci\u00f3n uruguaya rechaz\u00f3 la iniciativa por considerarla ajena a las competencias del organismo y por comprometer recursos binacionales para fines externos. El episodio deterior\u00f3 la relaci\u00f3n interna y aporta contexto a la ausencia de la delegaci\u00f3n argentina en el acto por los 50 a\u00f1os del Puente General Artigas, luego justificada p\u00fablicamente en nombre de una supuesta \u201causteridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Contrataciones bajo sospecha<\/strong><\/p>\n\n\n\n El cuadro se completa con una compulsa de precios impulsada por Alejandro Primus, que es asesor externo vinculado al presidente Montero, quien firma como integrante del \u00e1rea contable sin integrar la planta permanente. El objeto de la contrataci\u00f3n fue la impresi\u00f3n de 6.000 libros institucionales por un monto cercano a los 50.000 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n La recomendaci\u00f3n habr\u00eda reca\u00eddo sobre Servicios Integrales La Plata SRL, una empresa cuyo giro declarado no se corresponde con servicios editoriales y con domicilio en la ciudad de La Plata, casualmente la ciudad de origen del presidente y su entorno.<\/p>\n\n\n\n La discordancia entre el objeto contratado y la actividad declarada, sumada a la cercan\u00eda geogr\u00e1fica y personal, configura indicios de direccionamiento que ameritan por lo menos una auditor\u00eda.Argentina design\u00f3 autoridades en la CARP y la CARU<\/a><\/p>\n\n\n\n Transparencia en cuesti\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n No se trata de conjeturas ni de versiones informales. Hay notas identificadas, montos precisos, cuentas bancarias, nombres propios y decretos oficiales. Las preguntas que se desprenden de la documentaci\u00f3n son tan concretas como inquietantes: \u00bfcon qu\u00e9 respaldo normativo se intent\u00f3 canalizar dinero para gastos inexistentes? \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n las rendiciones? \u00bfQui\u00e9n autoriz\u00f3 proyectos ajenos a la competencia del organismo?<\/p>\n\n\n\n La gravedad institucional no reside \u00fanicamente en los montos involucrados -que ya son un esc\u00e1ndalo-, sino en el quiebre de reglas que protegen recursos compartidos entre dos Estados. La informaci\u00f3n expuesta exige explicaciones, controles y, eventualmente, investigaciones administrativas y judiciales. En la CARU, la transparencia debe dejar de ser una consigna y pasar a ser una obligaci\u00f3n legal y \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n Decreto 394\/2025 publicado en el Bolet\u00edn Oficial<\/strong><\/p>\n\n\n\n