El Tribunal Oral Federal de Paran\u00e1 sentenci\u00f3 a Yamil Ale Abdala a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva y a Sandro de la Cruz V\u00e1zquez a 3 a\u00f1os en suspenso por someter a cinco trabajadores a condiciones de explotaci\u00f3n laboral en un campo de Puerto Yeru\u00e1. Adem\u00e1s, orden\u00f3 una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica superior a los 11 millones de pesos para las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Oral Federal de Paran\u00e1<\/strong> conden\u00f3 a Yamil Ale Abdala<\/strong> y a Sandro de la Cruz V\u00e1zquez<\/strong> por el delito de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral<\/strong>, en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de la provincia de Misiones<\/strong>. El fallo fue conocido este mi\u00e9rcoles, tras el juicio oral desarrollado a mediados de diciembre.<\/p>\n\n\n\n Los jueces impusieron una pena de 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva<\/strong> a Abdala, propietario del establecimiento rural donde ocurrieron los hechos, y 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento condicional<\/strong> a De la Cruz V\u00e1zquez, quien se desempe\u00f1aba como capataz y fue considerado part\u00edcipe secundario<\/strong>. Adem\u00e1s, el Tribunal hizo lugar al pedido de reparaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/strong> para las v\u00edctimas, fijando una indemnizaci\u00f3n total que supera los 11 millones de pesos<\/strong>, seg\u00fan se inform\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El debate fue presidido por la jueza Noem\u00ed Berros<\/strong>, mientras que la acusaci\u00f3n estuvo a cargo del fiscal general Jos\u00e9 Ignacio Candioti<\/strong>. La Fiscal\u00eda atribuy\u00f3 a los condenados haber captado, trasladado y acogido<\/strong> a cinco hombres mayores de edad \u2014identificados como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B.\u2014 provenientes de Irigoyen y Eldorado<\/strong>, en Misiones.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo a la investigaci\u00f3n, los hechos ocurrieron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022<\/strong> y salieron a la luz a partir de una inspecci\u00f3n de la AFIP Paran\u00e1<\/strong> (actual ARCA), que permiti\u00f3 desarticular la situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n en un campo ubicado en Puerto Yeru\u00e1, cerca de Calabacillas<\/strong>, departamento Concordia.<\/p>\n\n\n\n Durante el juicio se acredit\u00f3 que los trabajadores fueron captados mediante propuestas laborales enga\u00f1osas<\/strong>, aprovech\u00e1ndose de su extrema vulnerabilidad social y econ\u00f3mica<\/strong>. Se les prometieron condiciones dignas de trabajo, alojamiento, alimentos y herramientas que nunca se cumplieron<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El fiscal sostuvo que los imputados incluso recurrieron a v\u00ednculos de confianza<\/strong>, en uno de los casos de car\u00e1cter familiar, para concretar la captaci\u00f3n y garantizar la permanencia de las v\u00edctimas en el establecimiento rural.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, como parte del enga\u00f1o, De la Cruz V\u00e1zquez envi\u00f3 fotograf\u00edas de un predio desmalezado<\/strong> que no se correspond\u00eda con el lugar real de trabajo, ya que pertenec\u00eda a otro campo en mejores condiciones. Una vez en el establecimiento, los cinco trabajadores fueron sometidos a tareas forestales y de desmonte<\/strong> en un contexto de aislamiento y precarizaci\u00f3n extrema<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de las labores para las que hab\u00edan sido contratados, debieron realizar tareas de limpieza previa no acordadas ni remuneradas<\/strong>, con jornadas extensas de lunes a lunes<\/strong>, bajo un esquema de control y dependencia total.<\/p>\n\n\n\n Las condiciones de vida fueron calificadas como indignas<\/strong>: los trabajadores debieron construir sus propias chozas con palos, tablas y lonas, con piso de tierra<\/strong>, sin camas adecuadas, sin ba\u00f1o, cocina, electricidad, gas ni agua potable. Para higienizarse utilizaban una laguna ubicada a un kil\u00f3metro del campamento, y el agua para consumo era provista por un vecino.<\/p>\n\n\n\n La Secretar\u00eda de Trabajo de Entre R\u00edos<\/strong> constat\u00f3 que no exist\u00edan condiciones m\u00ednimas de higiene y seguridad<\/strong>, lo que representaba un serio riesgo para la integridad f\u00edsica y ps\u00edquica de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a la remuneraci\u00f3n, el pago prometido no se cumpli\u00f3<\/strong>. Los salarios eran parciales, variables y muy inferiores a los valores legales<\/strong>, incluso por debajo del salario m\u00ednimo vital y m\u00f3vil. Percib\u00edan entre 15 y 35 pesos por metro lineal de madera<\/strong>, con diferencias arbitrarias entre trabajadores.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se les exig\u00eda una permanencia m\u00ednima de entre 35 y 45 d\u00edas<\/strong> para poder cobrar, se realizaban descuentos por traslado y alimentos<\/strong>, y se los obligaba a continuar trabajando aun cuando las herramientas se romp\u00edan. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Abdala se negaba a reparar las motosierras o pretend\u00eda cobrarles el arreglo a los propios trabajadores<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El fiscal tambi\u00e9n dio cuenta de malos tratos f\u00edsicos y verbales<\/strong>. Testimonios incorporados al juicio se\u00f1alaron que De la Cruz V\u00e1zquez ejerci\u00f3 violencia y amenazas<\/strong>, incluyendo intentos de agresi\u00f3n y persecuciones cuando los trabajadores reclamaron por la falta de agua y de condiciones m\u00ednimas de alojamiento.<\/p>\n\n\n\n Para el Ministerio P\u00fablico, el rol del capataz exced\u00eda ampliamente el de un empleado com\u00fan<\/strong>: impart\u00eda \u00f3rdenes, representaba al due\u00f1o del campo y fue quien autoriz\u00f3 la inspecci\u00f3n de la AFIP<\/strong>, actuando en nombre de Abdala.<\/p>\n\n\n\n Con la sentencia, el Tribunal dio por plenamente acreditada la responsabilidad penal<\/strong> de los condenados y reconoci\u00f3 el derecho de las v\u00edctimas a ser resarcidas por los da\u00f1os sufridos<\/strong>, en un fallo considerado relevante en la lucha contra la trata de personas y la explotaci\u00f3n laboral en el \u00e1mbito rural<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Fuente: An\u00e1lisis Digital<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Oral Federal de Paran\u00e1 sentenci\u00f3 a Yamil Ale Abdala a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva y a Sandro de la Cruz V\u00e1zquez a 3 a\u00f1os en suspenso por someter a cinco trabajadores a condiciones de explotaci\u00f3n laboral en un campo de Puerto Yeru\u00e1. 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Condiciones indignas y jornadas extenuantes<\/h3>\n\n\n\n
Salarios irregulares y malos tratos<\/h3>\n\n\n\n