Este mi\u00e9rcoles el juez de Garant\u00edas de Paran\u00e1, Mariano Budasoff, resolvi\u00f3 rechazar los planteos defensivos del ex gobernador, Sergio Urribarri, y del empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, d\u00e1ndole as\u00ed un aval a la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF). La audiencia continuar\u00e1 este jueves cuando se responder\u00e1 a dos planteos que quedaron pendientes.<\/p>\n\n\n\n
El juez de Garant\u00edas de Paran\u00e1, Mariano Budasoff, dio a conocer este mi\u00e9rcoles su rechazo a los planteos preliminares que formularon las defensas del ex gobernador, Sergio Urribarri, y del empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, en la causa que se sustancia contra ambos por supuesto Enriquecimiento il\u00edcito, desde el 22 de diciembre de 2015. Transcurrieron m\u00e1s de diez a\u00f1os y 2 meses.<\/p>\n\n\n\n
Un tercer imputado, Rub\u00e9n \u00c1ngel Mart\u00ednez, jubilado, resolvi\u00f3 su situaci\u00f3n procesal al acceder a la Suspensi\u00f3n del juicio a prueba o Probation, que fue homologada por el juez de Garant\u00edas Juli\u00e1n Vergara, en mayo de 2024, por un plazo de 3 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
El Legajo N\u00ba 10059, caratulado: \u00abUrribarri Sergio D. y otros s\/ enriquecimiento il\u00edcito\u00bb investiga \u201cun hecho \u00fanico de car\u00e1cter continuado, consistente en el incremento patrimonial injustificado atribuido a Urribarri durante el ejercicio de funciones p\u00fablicas, con la intervenci\u00f3n de Cardona Herreros como persona interpuesta para la administraci\u00f3n y ocultamiento de bienes y fondos\u201d presuntamente ocurrido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, per\u00edodo en el cual Urribarri se desempe\u00f1\u00f3 como Gobernador, coincidiendo con el crecimiento patrimonial investigado.<\/p>\n\n\n\n
Budasoff consider\u00f3 que \u201cel n\u00facleo de la imputaci\u00f3n reside en que Urribarri habr\u00eda experimentado un incremento patrimonial desproporcionado respecto de sus ingresos l\u00edcitos, cuantificado pericialmente en 11.546.771,92 pesos, 7.245.441,02 d\u00f3lares y 16.300 euros, sin que pudiera justificar el origen de tales fondos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La hip\u00f3tesis fiscal sostiene que \u201cdicho enriquecimiento se materializ\u00f3 a trav\u00e9s de una pluralidad de operaciones econ\u00f3micas, financieras y patrimoniales, detectadas mediante pericia contable, las cuales evidencian erogaciones, inversiones y tenencias de dinero incompatibles con los ingresos declarados del funcionario\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Entre las maniobras \u201ct\u00edpicas\u201d que se le atribuyen \u201cse destacan la adquisici\u00f3n de bienes de alto valor, la realizaci\u00f3n de viajes internacionales costosos, la compra de veh\u00edculos y bienes de lujo, as\u00ed como inversiones societarias y movimientos financieros relevantes, todo ello sin respaldo en ingresos leg\u00edtimos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La imputaci\u00f3n tambi\u00e9n destaca \u201cla existencia de gastos sistem\u00e1ticos no justificados, a\u00f1o por a\u00f1o, que incluyen consumos, viajes, inversiones y tenencias en moneda extranjera, configurando un patr\u00f3n sostenido de incremento patrimonial sin correlato con las fuentes de financiamiento declaradas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de \u201cla utilizaci\u00f3n de circuitos financieros paralelos se imputa la utilizaci\u00f3n de personas interpuestas, particularmente Cardona Herreros y otros allegados, a cuyos nombres se registraban bienes, contrataciones o erogaciones, con la finalidad de ocultar la titularidad real y disimular el incremento patrimonial\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al rol de Cardona Herreros, se le atribuye \u201chaber actuado como instrumento necesario del ocultamiento, canalizando pagos, figurando como titular de bienes o contrataciones y facilitando la operatoria financiera que permiti\u00f3 disimular el verdadero patrimonio del funcionario\u201d.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, consider\u00f3 que \u201cdesde el punto de vista jur\u00eddico, las conductas han sido subsumidas en el delito de enriquecimiento il\u00edcito de funcionario p\u00fablico respecto de Urribarri, mientras que la intervenci\u00f3n de Cardona Herreros se encuadra en la figura de part\u00edcipe en dicha maniobra, en tanto habr\u00eda contribuido al ocultamiento y administraci\u00f3n de los bienes de origen presuntamente il\u00edcito\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Budasoff destac\u00f3 que advirti\u00f3 que \u201cen ambos legajos aparecen como imputados Sergio Daniel Urribarri y Diego Armando Cardona Herreros, en una suerte de una relaci\u00f3n funcional estable y reiterada entre funcionario y empresario, en el primero de los casos, y funcionario y prestanombre en el segundo, en lo que a la hip\u00f3tesis del MPF ata\u00f1e\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tras dar amplios fundamentos de su conclusi\u00f3n para rechazar los planteos defensivos, el magistrado sostuvo que \u201cdel an\u00e1lisis efectuado surge que las medidas de extracci\u00f3n de evidencia digital fueron dispuestas en el marco de una investigaci\u00f3n penal en tr\u00e1mite, contando en todos los casos con autorizaci\u00f3n judicial previa, fundada y espec\u00edfica, lo que satisface las exigencias constitucionales y procesales vinculadas a la injerencia en la esfera de intimidad, no advirti\u00e9ndose arbitrariedad ni afectaci\u00f3n a garant\u00edas fundamentales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n respondi\u00f3 que \u201cen cuanto a la naturaleza de las tareas realizadas por el Gabinete de Inform\u00e1tica Forense, la extracci\u00f3n de datos y la obtenci\u00f3n de copias o im\u00e1genes forenses no constituyen pericias en sentido t\u00e9cnico-jur\u00eddico, sino operaciones de car\u00e1cter instrumental orientadas a la preservaci\u00f3n de la evidencia, sin implicar valoraci\u00f3n cient\u00edfica ni emisi\u00f3n de conclusiones, por lo que los informes que las documentan revisten car\u00e1cter meramente descriptivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Budasoff expres\u00f3 que \u201cen tal contexto, las exigencias propias de la prueba pericial, entre ellas, la intervenci\u00f3n de peritos oficiales, la pertenencia al cuerpo pericial del STJ o la matriculaci\u00f3n en el Coprocier, no resultan aplicables a dichas tareas, sin que la falta de tales requisitos pueda erigirse en causal de invalidez de los actos cuestionados, quedando cualquier discusi\u00f3n sobre idoneidad o credibilidad reservada a la etapa de juicio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El juez entendi\u00f3 que \u201cpor otra parte, la alegada inobservancia de protocolos de actuaci\u00f3n en materia de evidencia digital no configura, por s\u00ed sola, una violaci\u00f3n de normas procesales ni determina autom\u00e1ticamente la nulidad de la prueba, m\u00e1xime cuando tales instrumentos no poseen car\u00e1cter normativo estricto, no resultaban aplicables temporalmente al caso y no se ha acreditado la existencia de irregularidades concretas ni de un perjuicio efectivo para el ejercicio del derecho de defensa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente concluy\u00f3 que \u201cpor lo expuesto, no se verifica en el caso afectaci\u00f3n a garant\u00edas constitucionales ni a las formas esenciales del proceso que habilite la exclusi\u00f3n probatoria pretendida, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 249 y 255 del CPP, correspondiendo rechazar los planteos de exclusi\u00f3n de la evidencia digital y los Informes T\u00e9cnicos I0280, I0376, I0355, I0256, I0850, I0309, y en general a los restantes informes elaborados por los miembros del Gabinete de Inform\u00e1tica Forense del Laboratorio Regional de Investigaci\u00f3n Forense del MPF\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Budasoff tambi\u00e9n rechaz\u00f3 los planteos de \u201cextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n formulado por las defensas, por tratarse de una excepci\u00f3nque, de prosperar, acarrear\u00eda la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y el consecuente sobreseimiento de los imputados\u201d. Sostuvo que \u201cbajo los par\u00e1metros ya fijados en esta causa, han transcurrido dos a\u00f1os y poco m\u00e1s de cuatro meses, muy por debajo de los seis a\u00f1os que prev\u00e9 el C\u00f3digo Penal como pena abstracta m\u00e1xima; por lo que el planteo de sobreseimiento por extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n\u2026 debe ser rechazado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El juez, tras evaluar todas las instancias por las que atraves\u00f3 el expediente, consider\u00f3 que \u201ceste recorrido permite concluir que la cuesti\u00f3n, aunque en forma contraria a la pretensi\u00f3n partiva, ha sido ya resuelta y se encuentra firme, configur\u00e1ndose cosa juzgada formal, lo que impide su reedici\u00f3n. Caso contrario, avanzar\u00edamos contra decisiones v\u00e1lidas, firmes y consentidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otro punto importante planteo que resolvi\u00f3 consisti\u00f3 en la situaci\u00f3n del empresario paraguayo que no es funcionario p\u00fablico como lo era su consorte de causa. As\u00ed, el juez se\u00f1al\u00f3 que \u201cla C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal ha sostenido que si al menos uno de los intervinientes ostenta funci\u00f3n p\u00fablica, la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n se extiende sin excepci\u00f3n a todos los dem\u00e1s, configurando una excepci\u00f3n v\u00e1lida al principio general de autonom\u00eda del c\u00f3mputo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 el planteo de violaci\u00f3n del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Consider\u00f3 que la causa viene de un proceso de once a\u00f1os, lo que entendi\u00f3 \u201cexcede cualquier par\u00e1metro razonable, que el estado de incertidumbre debe prolongarse el menor tiempo posible, constituyendo ello un derecho reconocido por la CSJN, la Corte IDH y la Comisi\u00f3n IDH\u201d.<\/p>\n\n\n\n
No obstante sostuvo que \u201c\u2026 am\u00e9n de la preclusi\u00f3n que podr\u00eda haber operado, entiendo que la cuesti\u00f3n ha devenido abstracta, pues, siendo -a mi modo de ver- la sanci\u00f3n que pudiera implicar el vencimiento de los plazos de la IPP la insubsistencia de las facultades investigativas del MPF, ello pierde sentido al encontrarnos transitando la audiencia de etapa intermedia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n entendi\u00f3 necesario distinguir entre insubsistencia y preclusi\u00f3n. As\u00ed, sostuvo que \u201c\u2026 no debe confundirse la insubsistencia con la prescripci\u00f3n. Es m\u00e1s, el hecho de que entre la garant\u00eda del plazo razonable y la prescripci\u00f3n exista una estrecha relaci\u00f3n, no implica per se que los tiempos previstos para la prescripci\u00f3n puedan ser utilizados como baremo para determinar la duraci\u00f3n razonable del proceso penal. Puede existir afectaci\u00f3n del plazo razonable en supuestos donde no hay prescripci\u00f3n y, a la inversa, puede prescribirse la acci\u00f3n en un proceso que ha durado lo razonable\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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