Por Pablo Lapiduz, apoderado y asesor letrado del Partido Compromiso por Concordia<\/strong><\/p>\n\n\n\nCada nuevo problema en la gesti\u00f3n Azcu\u00e9 llega acompa\u00f1ado de la misma explicaci\u00f3n: \u00abreorganizaci\u00f3n\u00bb, \u00abmejora\u00bb y \u201ceficiencia\u201d. Pero a m\u00e1s de dos a\u00f1os de gesti\u00f3n, la acumulaci\u00f3n de errores, correcciones, cambios de funcionarios y servicios rotos describe algo diferente: una administraci\u00f3n que no tiene claro hacia d\u00f3nde va, y que va dejando consecuencias reales en la vida cotidiana de los concordienses.<\/p>\n\n\n\n
El comunicado oficial del Intendente Azcue del 29 de abril del corriente pretendi\u00f3 presentar la situaci\u00f3n de los funcionarios municipales jubilados que cobraban a trav\u00e9s del C\u00f3digo 600 como una diferencia de criterio jur\u00eddico razonable.<\/p>\n\n\n\n
Esa lectura no resiste el menor an\u00e1lisis. Gran parte del funcionariado pol\u00edtico de la gesti\u00f3n Azcu\u00e9 fue remunerado durante meses a trav\u00e9s de un mecanismo que hoy el propio municipio reconoce como cuestionable, sin realizar aportes al sistema previsional, y en contracara con la normativa vigente y la jurisprudencia provincial firme desde 2007 y 2015.<\/p>\n\n\n\n
El fallo \u00abRovira c\/ Caja de Jubilaciones de E.R.\u00bb estableci\u00f3 con claridad que el cargo ad honorem no exime la incompatibilidad activo-pasivo, y que ejercerlo a sabiendas configura Abuso de Autoridad. El municipio tuvo adem\u00e1s se\u00f1ales internas concretas que no atendi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Es decir que el Ejecutivo sigue sin entender que nos es compatible tener funcionarios (activos), cobrando jubilaciones (que para ello se requiere ser pasivo), aun en el caso de ser ad-honorem.<\/p>\n\n\n\n
O sea, el artilugio que estableci\u00f3 esta gesti\u00f3n para disfrazar el pago de una remuneraci\u00f3n, no se resuelve con la baja del c\u00f3digo 600, porque el verdadero problema nunca fue el pago, sino la calidad de ser activos.<\/p>\n\n\n\n
El grado de improvisaci\u00f3n es tan manifiesto que en el mismo decreto que establece que las funciones de los funcionarios pol\u00edticos son sin liquidaci\u00f3n de cargos (ad-honorem), a rengl\u00f3n seguido reconoce textualmente que el pago es para \u201ccompensar las tareas y responsabilidades que conlleva este cargo\u201d. O sea, en el mismo acto administrativo dicen una cosa (ad-honorem), y tambi\u00e9n lo contrario (tareas compensadas con un pago).<\/p>\n\n\n\n
Por si todo esto no fuera ya suficientemente sorprendente, el d\u00eda 23 de abril de 2026, mediante el Decreto N\u00ba 355\/26, el intendente otorg\u00f3 a quienes supuestamente previamente les hab\u00eda dado de baja el denominado C\u00f3digo 600 (por razones de \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb), un aumento del 4% junto con el aumento de sueldo de los empleados municipales.<\/p>\n\n\n\n
Aqu\u00ed aparecen dos situaciones particularmente graves: 1) el propio decreto termina reforzando la idea de que el C\u00f3digo 600 no era una simple gratificaci\u00f3n extraordinaria, sino una remuneraci\u00f3n de naturaleza salarial, ya que el aumento se dispone dentro de una norma que trata exclusivamente cuestiones salariales, y 2) resulta contradictorio que, por un lado, se anuncie la baja del C\u00f3digo 600 y, por otro, se mantenga su efecto econ\u00f3mico a trav\u00e9s de un nuevo decreto. En t\u00e9rminos simples: se dice que se elimina el concepto, pero en los hechos se lo reemplaza o se lo conserva por otra v\u00eda administrativa.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n es dif\u00edcil de justificar. Las irregularidades administrativas se van acumulando de tal manera que podr\u00edan derivar no solo en responsabilidades para la Municipalidad, sino tambi\u00e9n en eventuales consecuencias personales para los funcionarios intervinientes, incluso en el plano penal si se acreditara la existencia de un perjuicio al Estado o una maniobra destinada a sostener pagos cuya legalidad se encuentra cuestionada.<\/p>\n\n\n\n
En fin, detr\u00e1s de cada n\u00famero hay personas concretas. Funcionarios de trayectoria que aceptaron sus cargos confiando en que el esquema era legal y hoy enfrentan intimaciones de la Caja para devolver haberes ya percibidos por sumas millonarias. Familias que organizaron su econom\u00eda sobre ingresos que ahora est\u00e1n en cuesti\u00f3n. Carreras que pueden quedar marcadas por una irregularidad que no generaron ellas. Ese es el costo humano de gobernar sin rigor previo.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, este caso ya no puede ser le\u00eddo como un error aislado ni como una simple diferencia de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica. Lo que queda expuesto es algo mucho m\u00e1s profundo: un grado de improvisaci\u00f3n preocupante en la conducci\u00f3n municipal, donde primero se decide, despu\u00e9s se corrige, luego se contradice lo corregido y finalmente se intenta explicar lo inexplicable.<\/p>\n\n\n\n
El problema no es solamente administrativo. Es pol\u00edtico, institucional y profundamente social. Porque cada improvisaci\u00f3n del Estado tiene un costo: lo pagan los empleados, lo pagan los funcionarios involucrados, lo paga la credibilidad de la Municipalidad y, sobre todo, lo termina pagando el vecino, que espera servicios, orden, planificaci\u00f3n y respuestas concretas.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, Concordia necesita un municipio que gobierne, no un municipio que improvise. Necesita una gesti\u00f3n que anticipe los problemas, no que corra detr\u00e1s de ellos. Porque cuando la improvisaci\u00f3n se vuelve m\u00e9todo de gobierno, el resultado es siempre el mismo: una ciudad paralizada, un Estado debilitado y vecinos cada vez m\u00e1s perjudicados.<\/p>\n\n\n\n
SE\u00d1ALES IGNORADAS \u2014 CRONOLOG\u00cdA<\/strong><\/p>\n\n\n\n2015 \/ 2007: Fallo Rovira: jurisprudencia provincial obligatoria. El ad honorem no exime. El ejercicio bajo incompatibilidad es delito penal.<\/p>\n\n\n\n
Mediados 2025: Renuncia Margaritini: el subsecretario de Salud deja el cargo semanas despu\u00e9s de asumir por la incompatibilidad con su jubilaci\u00f3n devolviendo el dinero que hab\u00eda cobrado indebidamente. Primera advertencia interna, ignorada.<\/p>\n\n\n\n
Enero 2026: Notificaci\u00f3n formal de la Caja: nueve funcionarios identificados en incompatibilidad activo-pasivo. El municipio es intimado a regularizar.<\/p>\n\n\n\n
Febrero 2026: Renuncia Perillo: la coordinadora de Derechos Humanos deja su cargo. Su nombre figuraba en la notificaci\u00f3n de la Caja.<\/p>\n\n\n\n
23 de abril 2026 :Decreto 355\/2026: Azcu\u00e9 firma aumento del 4% incluyendo expresamente a quienes cobran el C\u00f3digo 600. Seis d\u00edas despu\u00e9s anuncia su suspensi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Es de destacar que a la fecha el supuesto decreto que da de baja el c\u00f3digo 600 a los funcionarios involucrados no se encuentra publicado en el bolet\u00edn oficial, y quien suscribe no ha podido acceder a su contenido pese a las gestiones realizadas hasta la fecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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