La presentaci\u00f3n apunta contra Luis Caputo, autoridades de Transporte, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Banco Naci\u00f3n. El escrito sostiene que la subejecuci\u00f3n de fondos destinados a las rutas y la falta de relevamientos podr\u00edan haber generado un riesgo para quienes circulan por la red vial.<\/p>\n\n\n\n
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Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso nuevamente bajo la lupa a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y el destino de los fondos asignados a infraestructura vial. La presentaci\u00f3n advierte sobre la posible comisi\u00f3n del delito de estrago y sostiene que determinadas omisiones y decisiones de funcionarios podr\u00edan haber contribuido a poner en peligro la vida de quienes transitan por las rutas.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia fue presentada por los abogados Jos\u00e9 Lucas Magioncalda, Juan Mart\u00edn Fazio y Jos\u00e9 Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano. El escrito apunta, entre otros, contra el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cort\u00e9s; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco D\u00edaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Naci\u00f3n, Dar\u00edo Wasserman, adem\u00e1s de integrantes del directorio de la entidad y otros funcionarios que eventualmente resulten responsables.<\/p>\n\n\n\n
Los denunciantes pidieron investigar si las conductas se\u00f1aladas podr\u00edan configurar el delito previsto en el art\u00edculo 189 del C\u00f3digo Penal, estrago, adem\u00e1s de \u201cabuso de autoridad y violaci\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El destino de los fondos para las rutas<\/p>\n\n\n\n
Uno de los puntos cuestionados es el manejo de los recursos recaudados para el fideicomiso creado por el Decreto 976\/2001, cuya finalidad est\u00e1 vinculada al financiamiento de obras e infraestructura vial.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la denuncia, una publicaci\u00f3n period\u00edstica revel\u00f3 que el Gobierno habr\u00eda recaudado $1,5 billones para rutas y obras viales, pero habr\u00eda ejecutado solamente una parte de esos recursos.<\/p>\n\n\n\n
El escrito sostiene que el art\u00edculo 15 del Decreto 976\/2001 establece l\u00edmites sobre el uso de esos fondos y proh\u00edbe destinarlos a gastos ajenos a los previstos. Para los denunciantes, la cuesti\u00f3n no se limita a una discusi\u00f3n presupuestaria: sostienen que la falta de utilizaci\u00f3n de recursos destinados espec\u00edficamente al mantenimiento vial puede tener consecuencias concretas sobre la seguridad de los automovilistas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa subejecuci\u00f3n de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del \u2018Sistema Vial Integrado\u2019 (SisVial), el abandono de relevamientos y producci\u00f3n de informaci\u00f3n de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudaci\u00f3n de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicaci\u00f3n a su afectaci\u00f3n espec\u00edfica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera\u201d, afirma la presentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Advierten por un aumento de las muertes en las rutas<\/p>\n\n\n\n
Otro de los argumentos centrales es el supuesto incremento de la siniestralidad vial. La denuncia cita relevamientos y publicaciones period\u00edsticas que, seg\u00fan los denunciantes, dar\u00edan cuenta del deterioro de distintas rutas y de un \u201calto riesgo de siniestralidad vial\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En particular, el escrito menciona declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habr\u00eda se\u00f1alado, sobre la base de relevamientos no oficiales, que las muertes en rutas nacionales \u201cse incrementaron en un 300 por ciento en los \u00faltimos a\u00f1os\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los denunciantes consideran que esa situaci\u00f3n debe ser contrastada con informaci\u00f3n oficial sobre el estado de las rutas, los accidentes y las tareas de mantenimiento.<\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n tambi\u00e9n menciona informes sobre accidentes viales, el estado de los caminos y la falta de relevamientos de seguridad vial como elementos que deber\u00edan ser investigados.<\/p>\n\n\n\n
Qu\u00e9 dice el C\u00f3digo Penal sobre el estrago<\/p>\n\n\n\n
La denuncia busca encuadrar los hechos en el art\u00edculo 189 del C\u00f3digo Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se causa un incendio u otros estragos.<\/p>\n\n\n\n
El escrito cita expresamente la norma: \u201cSi el hecho u omisi\u00f3n culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el m\u00e1ximo de la pena podr\u00e1 elevarse hasta cinco a\u00f1os\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A partir de ese encuadre, los denunciantes sostienen que podr\u00eda existir responsabilidad en distintos niveles de la administraci\u00f3n p\u00fablica, incluyendo a las autoridades encargadas de la seguridad vial y a quienes tienen responsabilidades dentro del Banco Naci\u00f3n en su car\u00e1cter de fiduciario.<\/p>\n\n\n\n
\u201cResulta evidente, en el caso que nos ocupa, que podr\u00edan existir responsabilidades de la autoridad de aplicaci\u00f3n en toda la l\u00ednea jer\u00e1rquica\u201d, afirma la denuncia.<\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n solicita una serie de medidas para determinar si efectivamente existi\u00f3 una relaci\u00f3n entre la falta de mantenimiento, la utilizaci\u00f3n de los fondos y el aumento de los siniestros.<\/p>\n\n\n\n
Medidas solicitadas<\/p>\n\n\n\n
Entre otras medidas, pidieron que se cite a declarar a Fabi\u00e1n Catanzaro, titular de la Federaci\u00f3n del Personal de Vialidad Nacional, para que aporte informaci\u00f3n sobre relevamientos del estado de las rutas y la evoluci\u00f3n de la siniestralidad.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n solicitaron a la Secretar\u00eda de Transporte los Informes Anuales de Evaluaci\u00f3n de Estado de Pavimentos desde 2019, y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial toda la informaci\u00f3n producida desde ese a\u00f1o sobre el estado de los caminos nacionales y los siniestros viales.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, pidieron informaci\u00f3n a las compa\u00f1\u00edas de seguros sobre investigaciones relacionadas con accidentes ocurridos en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, solicitaron que se adjunte copia de la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde se orden\u00f3 al Estado Nacional y a Vialidad Nacional la reparaci\u00f3n urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33.<\/p>\n\n\n\n
Una denuncia que apunta a la responsabilidad estatal<\/p>\n\n\n\n
El escrito tambi\u00e9n desarrolla un extenso argumento constitucional y de derechos humanos. Los denunciantes sostienen que el Estado tiene obligaciones positivas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n de la vida y la integridad f\u00edsica de las personas que utilizan la red vial.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, plantean que la falta de mantenimiento no ser\u00eda simplemente una decisi\u00f3n administrativa o presupuestaria, sino que podr\u00eda adquirir relevancia jur\u00eddica cuando existe un riesgo concreto para la poblaci\u00f3n, public\u00f3 \u00c1mbito.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia sostiene que la situaci\u00f3n constituye un \u201criesgo continuado\u201d y advierte que, seg\u00fan la evidencia p\u00fablica citada, se habr\u00eda traducido en un incremento de los siniestros fatales.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, los abogados pidieron que la Justicia avance con rapidez y determine si hubo responsabilidades penales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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