La batalla por los sentidos del derecho a la Educación Pública – Parte 1

Por el Profesor Luis Edgardo Jakimchuk

La educación es una acción inherente a la política, no puede ser indiferente a los conflictos que se plantean acerca de sus cometidos y de los fundamentos que la definen como construcción ciudadana y derecho humano. Hay cuestiones que tienen aceptación unánime como la calidad educativa, la mejora de prácticas docentes entre otras tantas, todas atravesada por debates no exenta de controversias. Hay otras, que están lejos del consenso como es la orientación que debe asumir la practica educativa.

Vale destacar que la educación además de un derecho político es un derecho económico, social y cultural. A este respecto, el derecho a la educación es el compendio de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos. Esto se ha vuelto un campo de batalla cuyo resultado nos debe preocupar hoy. La defensa y la transformación democrática de la escuela pública está enmarcada en esa batalla que propone la ultraderecha.

De hecho, la educación es uno de los principales campos de la “batalla cultural”, debido a que no solo se ocupa de desarrollar conocimientos y habilidades, sino que también ayuda a moldear la conciencia y la cosmovisión del entorno social de nuestros jóvenes. En este sentido la educación es una herramienta para fomentar la practica crítica y reflexiva, estimulando la autonomía de los chicos. Pero también puede ser utilizada, como lo sostiene Paulo Freire, para mantener, o cambiar, el estado de las cosas y la dominación de una clase o grupo social sobre otros.

El cenáculo donde se nutren los mileístas en educación, son Murray Rothbard y Hans-Hermann Hoppe”.

Rothbard, pilar de la Escuela Austriaca, en su obra “La ética de la libertad” determina como eje ordenador de su razonamiento, la propiedad privada en todo orden de la vida. Infiere respecto a los niños, que “los padres, por ser creadores de sus hijos, son de su propiedad. Y que todo intento de quitárselo por la fuerza es una violación a los derechos de propiedad”. A partir de esta concepción analiza la educación obligatoria para demostrar que el Estado utiliza la escolaridad (apoyada por la ideología igualitaria), como medio de control ciudadano. Por el contrario, dice que un sistema de escuelas basado en el mercado se ajustaría a una ética puramente voluntaria, financiada con fondos privados y administrada en su totalidad por la empresa privada.

En el rumbo trazado por de Murray Rothbard, el diputado libertario Alberto Benegas Lynch, plantea que darle escolaridad a los chicos que no tienen capacidades implica un error. En esa línea, afirma que eso es deformar las vidas de quienes no tienen capacidades para estudiar. ¿Cómo va a ser el Estado el que obligue al chico ir a la escuela? A mí ni se me ocurre una cosa más invasiva. Es el secuestro del chico por parte del Estado”. Para Benegas Lynch, “La educación tendría que ser un negocio. Si se trata como un derecho, sonaste”.

Entendiendo a Rothbard, la sociedad no debe invertir en formar jóvenes.

Bajo su paradigma, esto implica realizar un gasto público por el que no se obtendría una tasa de retorno que justifique la inversión social. En otras palabras, se trataría así de una inversión a riesgo que debería ser asumida por el mercado, y no el Estado, quienes en última instancia tienen la responsabilidad de formar su propia fuerza laboral. Los defensores del anarco capitalismo afirman que no hay que confundir educación con escolaridad. Hay que combatir la escolaridad porque es una herramienta del Estado para “adoctrinar” con ideas colectivistas o populistas a niños y jóvenes.

El proceso diacrónico de los libertarios, no solo se debe a su dogmatismo, sino que representa el clasismo y el odio a la igualdad de oportunidades.

(Continuará)