La liberación de precios del DNU podría impulsar una nueva ola de inflación

Las empresas de productos de consumo masivo quedaron eximidas de varios controles comerciales. En el sector catalogan los cambios como “muy favorables”.

Con la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 rigen desde el último viernes varias disposiciones que prometen impactar en la actividad económica y en el poder adquisitivo de las clases medias y los trabajadores.

Se trata de la derogación de la Ley de Góndolas, de la Ley 20.680 conocida como Ley de Abastecimiento, de la Ley 26.992 que establecía el Observatorio de Precios y de la Ley 20.657 de Promoción Comercial para la Actividad de Supermercados.

Ese grupo de medidas se complementa con otros cambios y derogaciones de la Ley 25.065 que regulaba el sistema de tarjetas de crédito y las operaciones de compra y débito, así como la interacción entre los emisores, proveedores y usuarios de esos instrumentos.

Para mencionar un factor crítico más entre todos los que compromete la medida, también se estableció la desregulación del sistema de salud, anticipando aumentos en las cuotas de la medicina prepaga (las empresas ya confirmaron un ajuste del 50%) y de los precios de los medicamentos.

En la antesala de la aplicación del decreto, las empresas se entusiasmaban con «el fin de los controles de precios” y, aunque parezca contradictorio conociendo el mercado argentino, con el inicio de un período de inflación a la baja.

Emergencia

El decreto 70 declaró la emergencia económica, financiera y fiscal, tarifaria, previsional, sanitaria y social de la economía y anunció que el Estado responderá con “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”.

La desregulación, que se revela rápidamente favorable a la actividad privada y a los intereses de las patronales, explicita complementariamente limitaciones al derecho a huelga que, entre otros, afectan a los trabajadores de la industria alimenticia y el comercio.

Dentro del capítulo sobre servicios esenciales, el DNU considera actividades de “importancia trascendental” a la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios, a la siderurgia y la producción de aluminio, a las industrias química y cementera, a la industria alimenticia en toda su cadena de valor, a la producción y distribución de materiales de la construcción, a los servicios logísticos, a la actividad frigorífica, a la distribución y comercialización de alimentos y bebidas, y a toda la cadena agropecuaria.

Poderosos

En ese contexto, los asalariados parecen víctimas de un juego de pinzas, condenados a los rigores de la inflación y obligados a ocupaciones supuestamente impostergables.

En su informe “El Mega DNU del Gobierno de Milei” el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) señala que las derogaciones de las leyes de Góndolas, Abastecimiento, Promoción de Supermercados y del Observatorio de Precios le abrieron paso a una suerte de ley de la selva con la que se beneficiarán las 20 empresas que ya dominan los mercados de consumo masivo en el país.

Con la caída de esas leyes, explica el CEPA, el Estado “ni siquiera puede pedir información sobre costos de los productos”, con lo que se debilita su entidad como realizador de políticas.

Por efecto combinado de estas desregulaciones, el informe enumera que no se podrá multar a los supermercados que retuvieren mercaderías para especular con los precios y que los proveedores pymes no tendrán espacio en las góndolas, afectando la competencia.

Además, indicó que se vuelve al negocio de la góndola mediante el que se exigen beneficios para la ubicación de productos y que los supermercados dejarán de tener obligación de informar sobre sus márgenes de ganancias.

Muy favorables

En un sector importante del supermercadismo expresaron a Tiempo que esperan que estos anuncios regulatorios se traduzcan en cambios notables en la actividad de las empresas: “Hay temas que son muy favorables, por lo pronto (la desactivación de) los controles de precios. Hay que esperar que la inflación vaya desapareciendo, aunque va a ser un proceso lento”.

No obstante, le bajaron el tono a la derogación de la Ley de Góndolas que, interpretan, “nunca se aplicó efectivamente en realidad, sólo de manera muy parcial”.

Algo semejante ocurrió con la Ley de Abastecimiento, un recurso al que el gobierno del Frente de Todos nunca apeló para actuar contra el componente especulativo de la inflación, pese a que le permitía al Estado fijar precios máximos, sancionar a empresas por subas injustificadas y asegurar la distribución normal de productos de consumo masivo, entre otras posibilidades. «