Más de 50% del ajuste de Milei continúa recayendo sobre jubilaciones y obra pública

Por quinto mes consecutivo el gobierno de Javier Milei alcanzó el superávit en las cuentas públicas. La particularidad que mostró mayo fue que los ingresos crecieron en términos reales (5,8%) comparado contra un año atrás, pero eso no evitó un feroz ajuste en el gasto público: el Estado conducido por La Libertad Avanza gastó 28,7% menos que en mayo de 2023. Prácticamente todas las partidas presupuestarias mostraron derrumbes de dos dígitos que vale la pena repasar.

El principal gasto del Estado argentino son las jubilaciones y pensiones. Este rubro se redujo 16% con respecto a un año atrás pese a los recientes aumentos por inflación y la “recomposición” que dispuso el gobierno por DNU.

En mayo, el segundo lugar en importancia en la composición del gasto lo ocupan aquellos destinados al funcionamiento del Estado, compuesto principalmente por salarios. Esta categoría se desplomó 20% en relación al mismo mes de 2023, licuando los ingresos de los trabajadores estatales, a la vez que se redujo la planta de personal, se cerraron organismos y se destruyeron capacidades estatales.

La tercera partida en relevancia es la de los subsidios económicos, principalmente energéticos pero también en transporte. Pese a que las tarifas se pisaron en mayo, la caída de los subsidios fue de 32% interanual (-30% en energía y -42% en transporte). Hacia adelante, el ajuste en este gasto tiende a profundizarse: en junio se admitieron nuevos aumentos de luz y gas, y en el reporte del staff del Fondo Monetario Internacional publicado el lunes, se señala como prioritario acelerar la quita de subsidios como modo de mejorar la “calidad” del ajuste y tornarlo más sostenible en el futuro.

Otros gastos, muy menores en comparación con estos tres grandes rubros, no escaparon de ajustes brutales: en cuanto a transferencias, las provincias recibieron 74% menos que un año atrás, y las universidades 19% menos.

Por último, las obras de infraestructura se desplomaron 78%, en línea con la decisión política de prácticamente paralizar la obra pública. Esta medida genera una crisis muy significativa en la actividad de la construcción (el Índice Construya mostró un derrumbe de 30% interanual en mayo) y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que ya se calcula en más de 100.000. Este es un punto de tensión central en el vínculo del gobierno nacional con los gobernadores, que encontró una propuesta en el Senado. En el marco de la discusión de la ley bases, la oposición aprobó un artículo que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a retomar las obras que tengan al menos un 80% de ejecución o que cuenten con financiamiento internacional. Si bien aún resta la discusión en la Cámara de Diputados y deberá eventualmente pasar el filtro del veto de Milei, por lo pronto constituye una esperanza de reactivación en el sector.

En términos acumulados, en los primeros cinco meses de 2024, del total del ajuste realizado, más de la mitad se explica por dos partidas específicas: 32% lo aportaron las jubilaciones y 23% la obra pública. Los subsidios representan 13%; le siguen los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 11% y las prestaciones sociales con 9% entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas y prestaciones del PAMI. Transferencias a provincias y universidades y otros gastos completan el total.

Por el lado de los ingresos, en mayo el gobierno contó con la “ayuda” de un crecimiento sustancial de la recaudación del Impuesto a las Ganancias de 93%. Pero este incremento es circunstancial: vencieron las presentaciones de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023, y la mega-devaluación implicó ganancias contables (en pesos) muy significativas para aquellas compañías con activos dolarizados. El salto brusco del tipo de cambio también colaboró en la recaudación de derechos de exportación -retenciones- y de impuesto país, cuya alícuota fue incrementada de 7,5 a 17,5% en diciembre y su base imponible fue ampliada. La recaudación de estos tributos se incrementó 45% y 256% respectivamente, y junto con Ganancias permitieron compensar el desplome de todos aquellos ingresos vinculados a la actividad económica.

Según el último dato disponible, en marzo de este año la economía argentina registró una caída de 8,4% interanual y las estimaciones del FMI difundidas el lunes plantean un 2024 con caída de 3,5% que si se excluye al agro se profundiza a -6%. En ese escenario, los ingresos del Estado asociados a la actividad no encuentran piso: IVA (-18% real interanual), Aportes y contribuciones a la seguridad social (-12%), Débitos y Créditos (-24%), e Impuestos Internos (-23%). En la misma línea, por Derechos de Importación se recaudó 20% menos, en sintonía con el dato de la balanza comercial: en lo que va de 2024, las importaciones cayeron 26% respecto al mismo período de 2023.

En suma, como contracara del ajuste brutal, Milei puede mostrar en mayo un superávit fiscal de más de 2 billones de pesos, que se reduce a la mitad tras cubrir los intereses de la deuda, que volvieron a dar un salto significativo en este 2024 (se multiplicaron más de 4 veces de abril a mayo). Así, como alertamos desde CEPA, se abonaron por este concepto más de 1 billón de pesos, que representa prácticamente 5 veces lo que se destina a las universidades y 17 veces lo que se gira a las provincias.

De sostenerse este sendero fiscal, se cumplirán seguramente las metas con el FMI. La pregunta que flota en el aire es cuándo cumplirán con la promesa de campaña de que el ajuste lo pague la casta.