La misma empresa que llegó a Concordia mediante una contratación directa cuestionada está ahora encaminada a quedarse con la Licitación Pública Nº 47/2026. En el medio quedaron una denuncia penal, la intervención del Tribunal de Cuentas, cambios en la primera línea del gabinete y versiones sobre una posible salida del Contador Municipal. El vínculo puede extenderse hasta ocho años y, bajo una hipótesis de actualización del 30% anual, rondar los $76.700 millones: una magnitud comparable con aproximadamente diez años de obra pública municipal al ritmo reciente de ejecución.
La historia de VITSA en Concordia está a horas de una definición decisiva. La empresa que comenzó a prestar el servicio de recolección a partir de una contratación directa habilitada por una emergencia ambiental podría terminar ahora adjudicándose, mediante licitación pública, un vínculo de hasta ocho años con el Municipio.
No se trata de una oferente que llega sin antecedentes en la ciudad. Es la misma firma cuya contratación directa fue cuestionada desde el comienzo, denunciada penalmente y luego sometida a revisión del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Ahora, según información conocida en las últimas horas, la Comisión Evaluadora habría recomendado por mayoría adjudicarle la Licitación Pública Nº 47/2026, aunque con un voto técnico contrario.
De la contratación directa a la licitación
La secuencia es el dato político e institucional central. Primero se aprobó una ordenanza de emergencia que permitió contratar directamente. Después llegó VITSA. Más tarde se convocó a una licitación pública cuyo resultado, de confirmarse la recomendación de la Comisión, volvería a colocar a la misma empresa al frente del servicio, ahora con un contrato mucho más extenso.
La denuncia penal presentada contra la gestión Azcué sostiene que deben investigarse las decisiones adoptadas antes y durante aquella contratación directa. Según esa presentación, el núcleo inicial de decisión estuvo integrado por el intendente Francisco Azcué, el secretario de Hacienda Pablo Ferreyra, el entonces secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio y el ex secretario de Servicios Públicos Alejandro López, con la posterior intervención administrativa de las áreas contables y de Tesorería en las etapas de control, autorización y pago. Se trata de afirmaciones contenidas en una denuncia y no de responsabilidades penales comprobadas, cuestión que deberá resolver la Justicia.
Ese dato resulta relevante porque varios de esos nombres quedaron luego fuera de la primera línea de la gestión. López y Dell’Olio dejaron sus cargos, al igual que otros funcionarios vinculados a áreas atravesadas por este proceso. Cada salida tuvo sus propias circunstancias y no corresponde atribuirlas automáticamente a VITSA, pero la secuencia forma parte del costo político que viene acompañando al expediente.
Ahora las versiones alcanzan al contador municipal Diego Paolo Cutro, quien estaría evaluando dejar su función. Hasta el momento no existe una renuncia oficialmente comunicada. Si finalmente se produjera, sería otro episodio dentro de un expediente que ya desbordó ampliamente una simple discusión sobre la prestación del servicio de residuos.
Una adjudicación que exige explicaciones
VITSA ofertó aproximadamente $268 millones mensuales. Bodegas y Viñedos Santa Elena presentó una propuesta económica apenas inferior, cercana a $267,7 millones, mientras Agrotécnica Fueguina ofertó alrededor de $270 millones. Que VITSA no haya presentado el menor precio no impide que pueda ser adjudicataria, porque el pliego pondera también antecedentes y aspectos técnicos. Pero precisamente por eso el Ejecutivo deberá explicar con especial claridad por qué considera que su propuesta es la más conveniente.
La exigencia de transparencia es todavía mayor porque la contratación directa anterior continúa bajo revisión del Tribunal de Cuentas y la denuncia penal permanece abierta. A ello se agregan los pedidos de informes formulados desde el Concejo Deliberante, respecto de los cuales sectores de la oposición vienen cuestionando la falta de respuestas suficientes.
El tamaño real del contrato
La dimensión económica ayuda a comprender lo que está en juego. La oferta de VITSA parte de unos $268 millones mensuales. El contrato prevé cuatro años iniciales y la posibilidad de prorrogarlo por un período igual o menor. Si el vínculo llegara a ocho años y se utilizara, sólo como hipótesis de proyección, una actualización promedio del 30% anual, el desembolso acumulado rondaría los $76.700 millones. El monto efectivo dependerá de las actualizaciones que realmente se apliquen, por lo que no corresponde presentarlo como una cifra contractual cerrada.
Pero existe otra forma de dimensionarlo. Tomando como referencia el ritmo promedio de inversión municipal en obra pública observado durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, esa proyección equivale aproximadamente a diez presupuestos anuales de obra pública. Dicho de otro modo: el compromiso económico potencial de esta contratación representa, en términos comparativos, alrededor de diez años de obra pública municipal ejecutada al ritmo que viene mostrando la actual gestión.
Es una comparación que permite salir de la abstracción de los “miles de millones”. No se está discutiendo un contrato menor ni una prestación transitoria: se está definiendo un compromiso que puede atravesar esta gestión, la próxima y buena parte de la siguiente, y absorber recursos equivalentes a una década de inversión municipal en infraestructura al ritmo reciente.
La última firma
La Comisión Evaluadora recomienda; no adjudica. La decisión final corresponde al Departamento Ejecutivo. Por eso, si en las próximas horas se confirma a VITSA, el decreto deberá explicar no sólo por qué su oferta resulta la más conveniente, sino también por qué un proceso que comenzó con una contratación directa cuestionada termina nuevamente en la misma empresa, ahora bajo el marco de una licitación pública de larga duración.
La adjudicación, si finalmente se concreta, no cerrará las preguntas que acompañaron este expediente desde marzo. Por el contrario, abrirá una nueva etapa: la de justificar política, administrativa y económicamente una contratación que puede convertirse en una de las de mayor magnitud de la historia reciente de la Municipalidad de Concordia.
