Diputados de Unión por la Patria (UP) advirtieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre «inconsistencias, opacidad y discrecionalidad» que consideran contiene el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno. Fue mediante una carta a la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, donde aseguran que «el superávit está sobreestimado».
Diputados de Unión por la Patria advirtieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las supuestas «inconsistencias, opacidad y discrecionalidad» que consideran contiene el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno. Lo manifestaron a través de una carta que le enviaron a la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y el resto del staff. Entre los legisladores que firmaron la carta se encuentras los entrerrianos, Gustavo Bordet y Guillermo Michel.
Firmado por autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del bloque UP, en la misiva los legisladores expresaron su «profunda preocupación» en torno a la iniciativa y alertaron «sobre los graves riesgos institucionales y fiscales que presenta», sobre todo de cara a un año electoral.
«El FMI no sólo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el propio Gobierno lo reconoce). Por tal motivo, el Fondo también es responsable de este Presupuesto 2027», afirmaron los opositores, indicó el portal parlamentario.com.
En la carta, los diputados señalaron que «sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos, ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de Presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis».
Sobre esta línea, los firmantes hicieron hincapié en tres aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con una «subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI». En este apartado, aseguraron que «el superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI».
«El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en ‘plena ejecución’, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)», explicaron.
Y agregaron que «de verificarse las inversiones y su costo, esta merma de recaudación podría poner en severo riesgo la consolidación del resultado primario propuesto. Además, se considera que la subvaluación del gasto tributario es una práctica reñida con los principios de buena gestión presupuestaria que agrega inseguridad al plan fiscal para el año 2027».
En segundo lugar, se refirieron a la Jurisdicción 91, que «tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al Gobierno». «La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos», alertaron.
En tercer término, los diputados observaron «un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de ‘inversiones financieras temporarias’ y/o de ‘caja y bancos’ y/o de ‘otras inversiones financieras'».
En tal sentido, se preguntaron: «¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?».
«Consideramos que los tres puntos reseñados quitan razonabilidad al proyecto de ley de Presupuesto 2027, lo tornan opaco en sus justificaciones e incierto en su ejecución por los márgenes de discrecionalidad que el PEN parece pretender para su administración», aseveraron.
La misiva lleva las firmas de Cristian Andino, Gustavo Bordet, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Graciela de la Rosa, Andrea Freites, Itai Hagman, Ana María Ianni, Germán Martínez, Guillermo Michel, Cecilia Moreau, Jorge Mukdise, Claudia Palladino, Paula Penacca, Luciana Potenza, Ariel Rauschenberger, Agustín Rossi, Sabrina Selva, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin.
