Sigue sumando críticas el proyecto que protege a los policías denunciados por violencia institucional

A los fuertes cuestionamientos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, se suman los de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos. “Afirmaron que la violencia institucional no se defiende, se condena”. La iniciativa -que está siendo analizada por el Senado- crea un área de Asuntos Jurídicos para defender penalmente a los policías denunciados por violencia institucional.

Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) manifestaron su preocupación por “el Proyecto de Ley que propicia la modificación del Reglamento de la Policía de Entre Ríos a través del cual se pretende crear una División Asuntos Jurídicos en el ámbito de la Policía que, de acuerdo a las afirmaciones públicas recientes del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia , se dedicaría a la defensa legal de agentes denunciados o imputados por delitos vinculados con apremios ilegales, tratos crueles o inhumanos”.

Asimismo, repudiaron las declaraciones del Ministro, que resultan alarmantes, en tanto se refirió a esas prácticas como ‘accidentes de trabajo’. “Parece mentira que haya que recordar que éstas constituyen delitos graves en tanto violaciones de derechos humanos”.

“El Estado debe promover la prevención y la sanción de la violencia institucional, no alentar su defensa. En primer lugar, porque ello es ilegal y violatorio de todos los compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia; en segundo lugar, porque implica un mensaje peligrosísimo para la institución policial, ya que banaliza la gravedad de estas prácticas, cuestiona a la veracidad de las denuncias y alienta la impunidad”, advirtieron desde la Red de Organismos de Derechos Humanos.

Tal como señala la nota elevada por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura: “Lejos de ser apoyados, los funcionarios que incurran en estas conductas deben ser separados inmediatamente de sus cargos y sancionados conforme a la normativa vigente.”

“Resulta penoso tener que recordar que en febrero de este año Ariel Goyeneche de 36 años de edad murió asfixiado porque un agente de policía se apoyó con todo su peso sobre su cuello para “reducirlo”, mientras otros miraban pasivamente. Las golpizas, las detenciones arbitrarias y el sometimiento a tratos crueles son prácticas que aún suceden y es función del Estado prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas”, concluyeron.