En su faceta de comerciante denunció hostigamiento de parte del municipio

Por: Federico Odorisio

La escena que se viralizó en las últimas horas por redes sociales y recibió una pronta respuesta del municipio tiene un condimento que la vuelve especialmente incómoda para la gestión de Francisco Azcué. No se trata de un reclamo opositor clásico ni de una crítica sindical. Esta vez, quien salió a denunciar “hostigamiento” estatal es una comerciante que milita —y con protagonismo— dentro del propio universo libertario. Se trata de Jésica Zárate, fundadora del Partido Libertario, y que ahora se «mudó» a La Libertad Avanza, «línea pura», del diputado negacionista Beltrán Benedit. La mujer difundió un video en el que increpa a inspectores municipales y acusa a la Dirección de Inspección General de perseguir, trabar y “asfixiar” a quienes trabajan. “Trabajar no es un delito”, lanzó en un tono mezcla de indignación y declamación política. La comerciante no se quedó en el descargo y anunció además la conformación de una “Red de Comerciantes” para visibilizar lo que define como una presión sistemática del municipio sobre el sector privado. Mientras tanto una fuente de Inspección General dio su versión de los hechos y acusó que Zárate «no dice toda la verdad». También habló de la demagogia de la gestión y la indefensión de los trabajadores que deben hacer cumplir las normas vigentes. 

El dato que le da condimento especial al episodio viralizado en redes sociales por una comerciante es el contexto político. Jésica Zárate fue vicepresidenta del Partido Libertario en Entre Ríos y protagonizó, junto a otros dirigentes, el salto hacia La Libertad Avanza, promoviendo incluso una desafiliación masiva. Ese pase no fue neutro ni inocente sino que, como informó la periodista Laura Terenzano en el medio LetraP, el movimiento se enmarcó en la interna libertaria y se ubica dentro de la llamada “Línea Pura” que conduce el diputado Beltrán Benedit, un sector que disputa poder dentro del armado violeta y que, en la práctica, se mueve con lógica propia, muchas veces en tensión con otros espacios que hoy orbitan en posiciones más cercanas al oficialismo.

Adrián Montenegro, Jésica Zárate y Julián Dalmao, ex referentes de partido Libertario que se fueron a LLA

Es por eso que la denuncia de esta comerciante y dirigente política deja de ser solo un reclamo comercial y se puede leer también como un movimiento político. No es alguien ajeno al discurso de la desregulación quien cuestiona al municipio, sino alguien que lo reivindica y lo acusa de no cumplirlo.

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Puertas adentro de Inspección General,  una fuente que conoce el procedimiento aseguró que el comercio donde se filmó el video, ubicado en Moulins y Concejal Veiga, tiene habilitación, pero no así el deck instalado en la vía pública, que requiere autorización específica y que ya había sido observado previamente. Además, señala que al momento de la intervención había consumo de alcohol fuera del horario permitido, lo que encuadra directamente en infracción.

El relato agregó otros elementos que no aparecen en el video, como que hubo notificaciones previas, que la filmación difundida estaría recortada y que durante el procedimiento se registraron momentos de tensión, incluso con intervención policial. La fuente también deslizó que no existen denuncias formales en sede judicial ni administrativa, pese a lo afirmado públicamente por la comerciante, y que en el Juzgado de Faltas figuran infracciones impagas vinculadas a la misma comerciante que estaría declarado en «rebeldía«.

Zárate tendría además otro mini kiosko por calle 1º de Mayo, camino a la costanera, que tampoco estaría habilitado correctamente, declarado como “kiosco precario”, una categoría que no encuadra con la situación real del local y que estaba haciendo uso irregular del deck ubicado en la parcela que le correspondía al ex restorán «Lo de Vivi».

Nada de lo expuesto hasta aquí invalida el malestar que la comerciante expresa, pero ya no se trata solamente de “burocracia contra el que trabaja”, sino de un conflicto atravesado por la interna política libertaria y sobre qué pasa cuando el discurso de la desregulación choca con normas concretas que siguen vigentes y que, en los hechos, el propio municipio debe hacer cumplir.

Un posteo reciente del intendente que deja expuestos a los trabajadores que deben hacer cumplir las normas vigentes

Según la fuente consultada, el procedimiento se ajustó a la normativa. Sin embargo, la respuesta política fue apartarlos del trabajo en calle. Oficialmente, para “resguardarlos”. En los hechos, demagogia política para descomprimir un conflicto que golpea de manera sensible el relato oficial de una gestión por demás afectada a lo que se viraliza en redes sociales.

Fuente: Diario Junio

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