Desde el partido local, Compromiso por Concordia expresan un pleno respaldo a Gilda Cabrera y Santiago Uranga, inspectores municipales que en la madrugada del 15 de marzo pasado cumplieron correctamente con su función: detectaron el consumo de alcohol en la vía pública en un comercio de calles Moulins y Concejal Veiga, labraron el acta correspondiente y aplicaron la normativa vigente.
Lo que siguió no es una irregularidad administrativa. Es algo más grave.
Los hechos — sin rodeos
La propia inspectora Cabrera lo relató públicamente: su jefe los convocó el martes 31 de marzo, los llevó a una oficina y les comunicó textualmente: «Vamos a salir a decir públicamente que les vamos a hacer sumario, que los vamos a sacar de la calle para protegerlos.» Cuando los inspectores manifestaron su desacuerdo, la versión se ajustó: el comunicado no diría «sumario» sino «investigación interna» — pero la declaración pública ya estaba tomada.
En paralelo, el mismo jefe reconoció ante un gremio municipal que el procedimiento fue correcto, que la infracción existió, que la multa se aplicó bien y que no había nada que objetar de la función de los inspectores.
Dicho en términos simples: todos sabían que Cabrera y Uranga habían actuado bien. Los separaron del cargo igual, y lo anunciaron públicamente como si fueran objeto de una investigación disciplinaria que, según sus propias palabras, no existía como tal.
Esto no es solo injusto. Puede ser un delito
Cuando un funcionario público dicta una medida —en este caso, la separación provisoria del cargo con anuncio público de investigación— sin causa disciplinaria real, con finalidad declaradamente política y en perjuicio de empleados que cumplieron correctamente su función, los hechos descriptos podrían configurar conductas penalmente reprochables.
En particular, podrían encuadrarse en las figuras de abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal), que reprime al funcionario que dicta resoluciones contrarias a la ley en perjuicio de terceros, y de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 CP). Ambas son figuras de acción pública, perseguibles de oficio: no requieren que las víctimas denuncien — el Ministerio Público Fiscal puede actuar por iniciativa propia ante el conocimiento de los hechos.
No estamos haciendo una acusación. Estamos señalando que los hechos relatados públicamente por la propia inspectora merecen ser investigados por los organismos competentes. Si lo que se describió ocurrió tal como fue relatado, no alcanza con una disculpa ni con dar marcha atrás en la medida. Corresponde que la Justicia lo examine.
El fondo del problema
Gilda Cabrera tiene 25 años de servicio municipal. Es docente, madre, ciudadana. Salió a trabajar de madrugada, con custodia policial, en un operativo de control nocturno que la misma gestión ordenó. Hizo exactamente lo que se supone que debe hacer un inspector. El comercio involucrado registra múltiples antecedentes de incumplimiento. No hay ningún elemento que justifique la medida adoptada — salvo la presión mediática de una dirigente libertaria con llegada a las redes sociales.
Cuando el Estado castiga a sus empleados por cumplir la ley, les manda un mensaje muy concreto: mirá para el costado, no te expongas, esperá que pase la tormenta. Ese mensaje destruye la capacidad institucional del Estado desde adentro. Y el costo lo pagan siempre los eslabones más débiles de la cadena: los trabajadores de carrera que pusieron la cara en la calle.
Lo que exigimos
Se debe decir públicamente la verdad: si el procedimiento fue correcto o no, si la infracción existió o no, si los inspectores actuaron bien o no, y que el comercio involucrado registra antecedentes de incumplimiento reiterado. Eso es lo mínimo que le debe a sus propios trabajadores.
Desde Compromiso por Concordia presentaremos ante el Concejo Deliberante un pedido formal de informes sobre las sanciones aplicadas a los inspectores Cabrera y Uranga, los criterios con que el Ejecutivo tomó esa decisión, y el contenido de las comunicaciones internas que la motivaron.
Vamos a estar siempre del lado de quienes cumplen con su trabajo .
Firman: Cr. Álvaro Sierra, Dr. Pablo Lapiduz, Lic. Silvia Dri – Compromiso por Concordia
