La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al jefe de Gabinete.
Una denuncia ante la Oficina Anticorrupción apunta a un presunto uso irregular de recursos de seguridad del Estado en beneficio de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El planteo sostiene que personal afectado a la custodia oficial habría sido desviado para tareas de protección privada, por fuera de los protocolos establecidos.
La denuncia fue realizada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, ante la Oficina Anticorrupción contra el jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Nación, Javier Milei, por el presunto desvío de la custodia oficial en beneficio de la esposa del jefe de Gabinete de Ministros. Se denuncia posible incumplimiento de las normas de ética pública y malversación de caudales públicos.
De acuerdo con el texto, al que este medio tuvo acceso, “se habrían destinado efectivos y móviles oficiales para la cobertura de actividades personales de la pareja del funcionario, sin justificación funcional ni acto administrativo que lo respalde”.
La presentación agrega que “el esquema de seguridad habría sido utilizado de manera discrecional, en horarios y ámbitos ajenos a la función pública”.
La denuncia describe episodios concretos en los que, según se afirma, “se observaron vehículos identificables como parte del dispositivo oficial en traslados y permanencias vinculadas a la vida privada”, y advierte que ello “podría configurar un desvío de poder y una utilización indebida de bienes y personal del Estado”.
En otro pasaje, el escrito subraya que “la custodia oficial tiene como finalidad exclusiva la protección del funcionario en razón de su cargo, no pudiendo extenderse a terceros sin autorización expresa y fundada”. En esa línea, solicita que se determine “quién dispuso los operativos, bajo qué normativa y con qué controles”.
Los denunciantes relataron que el pasado 29 de abril, en el marco de su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación, Adorni fue consultado sobre la asignación a su esposa de custodia policial y sobre el uso para el cumplimiento de diversas actividades de esparcimiento, como concurrir a un bar hasta las 4 AM.
Dicha información había sido publicada ese mismo día en un portal de noticias, bajo el título “Karina le puso custodia presidencial a Adorni y su esposa la usó de Uber para ir a bares con amigas”
“Frente a la consulta de un diputado opositor, Adorni no negó los hechos relatados sino que, por el contrario, pareció ratificarlos al sostener que se estaba vulnerando la privacidad de su esposa”, dice la denuncia.
Medidas de prueba
La presentación también pide medidas de prueba, entre ellas el relevamiento de órdenes de servicio, registros de movilidad, planillas de afectación de personal y comunicaciones internas.
“Resulta imprescindible reconstruir la trazabilidad de los recursos asignados para verificar si existió un apartamiento de los fines públicos”, señala, publicó Ámbito.
