Se trata de un proyecto de resolución que toma la inquietud del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios ante el anuncio del Gobierno Nacional de modificar el régimen jurídico que regula la actividad. Advierte que afectaría las competencias constitucionales de las provincias y que no se pretende cuestionar los procesos de modernización normativa, sino reafirmar el sistema federal argentino.
Este lunes ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de resolución que solicita al cuerpo legislativo que acompañe la preocupación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (Ccpier) ante “la iniciativa legislativa anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional destinada a modificar el régimen jurídico aplicable al ejercicio de la actividad de los corredores públicos inmobiliarios, en la medida en que pudiera afectar las competencias constitucionales de las provincias para regular el ejercicio profesional, los sistemas de matriculación, los mecanismos de control ético y disciplinario y la protección de los consumidores…”.
El Gobierno avanza con una reforma para desregular el mercado inmobiliario
El pedido de posicionamiento de la Legislatura provincial ante la iniciativa de la gestión libertaria en la Nación señaló que “… la matrícula profesional constituye una garantía para la sociedad, ya que asegura la idoneidad, la capacitación permanente y el sometimiento de los profesionales a normas éticas y disciplinarias, contribuyendo además a la protección de los derechos de consumidores y usuarios reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Desregulación inmobiliaria: llega junio y Sturzenegger acelera el proyecto y crece tensión con los colegios
El pedido, de autoría del diputado peronista, Enrique Cresto, destaca que la ratificación de “… la regulación del ejercicio de las profesiones liberales constituye una competencia propia de las provincias, en virtud de los artículos 5, 121, 122 y concordantes de la Constitución Nacional, siendo el poder de policía profesional una facultad no delegada al Gobierno Federal, considerando que toda reforma destinada a modernizar o simplificar el ejercicio profesional debe realizarse respetando el sistema federal argentino, las autonomías provinciales, la seguridad jurídica y los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
El Gobierno impulsa una profunda ola de desregulación que alcanza a farmacias, cabotaje, corretaje, mercados financieros, agro y cultura
Cresto precisó que la iniciativa surgió de una reunión con representantes del Ccpier, “quienes manifestaron su preocupación frente a los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo Nacional”. También que “según la información difundida públicamente, la iniciativa contemplaría modificaciones vinculadas con la matrícula profesional, los requisitos habilitantes para el ejercicio de la actividad y el sistema de regulación actualmente vigente. Si bien el proyecto aún no ha sido presentado formalmente, corresponde expresar la posición de esta Honorable Cámara”.
El proyecto destacó que “la defensa del federalismo exige preservar las competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias, particularmente en materia de regulación del ejercicio de las profesiones liberales. La intermediación inmobiliaria implica la participación en operaciones de significativa trascendencia económica y jurídica para las personas, por lo que requiere conocimientos técnicos y responsabilidad profesional”.
También que “… la matrícula profesional constituye una garantía para la sociedad, ya que asegura la idoneidad, la capacitación permanente y el sometimiento de los profesionales a normas éticas y disciplinarias, contribuyendo además a la protección de los derechos de consumidores y usuarios reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
En otro tramo del proyecto se señaló que “… no pretende cuestionar los procesos de modernización normativa, sino reafirmar que toda reforma debe respetar el sistema federal argentino, las autonomías provinciales y los mecanismos institucionales que garantizan un ejercicio profesional responsable y la adecuada protección de la ciudadanía”.
