Una investigación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) detectó un aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales expuestas a plaguicidas. El médico paranaense Damián Verzeñassi planteó la necesidad de establecer zonas de resguardo de al menos 1.100 metros. El debate también alcanza a Entre Ríos, donde rige un protocolo para el uso de fitosanitarios.
Por Cristina Rodríguez para APFDigital
Un relevamiento epidemiológico realizado durante los Campamentos Sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) puso el foco en los efectos que la exposición prolongada a plaguicidas puede tener sobre la salud de las comunidades rurales. El estudio abarcó localidades de Santa Fe y forma parte de una serie de investigaciones desarrolladas en territorios agrícolas de la región, entre ellos Entre Ríos.
Los resultados identificaron un incremento en la frecuencia de abortos espontáneos y en la incidencia de hipotiroidismo en las poblaciones relevadas. Para los investigadores, estos indicadores permiten profundizar el análisis sobre las consecuencias sanitarias asociadas a un modelo productivo basado en el uso intensivo de agroquímicos.
En diálogo con APFDigital, el médico paranaense Damián Verzeñassi, integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, explicó que los relevamientos se desarrollaron en el marco de los Campamentos Sanitarios y que alcanzaron a ocho localidades de menos de 6.000 habitantes y a la ciudad de San Jorge, que tenía unos 19.000 habitantes al momento del estudio.
En los pueblos más pequeños, la mayoría de los encuestados residía a una distancia de entre 0 y 400 metros de los campos fumigados. En San Jorge, en tanto, cerca de la mitad de la población relevada vivía entre 400 y 1.000 metros de las zonas productivas.
Según Verzeñassi, estos patrones sanitarios deben analizarse en relación con el modelo agrícola que se consolidó en Argentina desde mediados de la década de 1990, a partir de la expansión de los cultivos transgénicos y el uso intensivo de plaguicidas.
“Nuestro trabajo ratifica el reclamo de las comunidades que piden parar de fumigar. Con esta investigación ya no quedan dudas: la única política pública con sentido para cuidar la salud es restringir el uso de agrotóxicos en los alrededores de las poblaciones a un mínimo de 1.100 metros”, sostuvo.
El médico también cuestionó las demoras en la adopción de políticas que, según planteó, prioricen la salud de las comunidades por sobre los intereses económicos vinculados al modelo productivo.
“La gran deuda de quienes tienen que legislar y de quienes tienen que llevar adelante la política pública es empezar a hacerlo en favor de la salud de los pueblos y no en defensa de los intereses de las corporaciones o de algunos pocos empresarios”, afirmó.
El debate también atraviesa a Entre Ríos
La problemática tiene un capítulo particular en Entre Ríos, una de las provincias que integra junto con Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires el núcleo agrícola sobre el que se desarrollaron distintos relevamientos del Instituto de Salud Socioambiental.
En la provincia se encuentra vigente la Ley Nº 11.178 de Buenas Prácticas en materia de Fitosanitarios, que fue promulgada en diciembre de 2024, y durante 2026 se oficializó el protocolo previsto por esa normativa. La reglamentación establece obligaciones para los distintos actores vinculados con el uso de fitosanitarios y contempla mecanismos de control, capacitación, trazabilidad y regulación de las aplicaciones.
Entre otras cuestiones, la normativa contempla zonas de exclusión y de amortiguamiento en torno a áreas sensibles y establece requisitos específicos para las aplicaciones, como la utilización de receta agronómica digital, condiciones meteorológicas adecuadas y comunicación previa en determinadas situaciones.
Es en ese contexto regulatorio donde los planteos de Verzeñassi adquieren relevancia para la discusión provincial, ya que el investigador sostiene que las distancias actualmente establecidas deberían ampliarse para reducir la exposición de las poblaciones.
Una exposición que no se limita al campo
El equipo de la UNR reunió información epidemiológica y territorial de comunidades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En algunos de los relevamientos casa por casa se llegó a cubrir hasta el 93% de la población de las localidades visitadas.
Uno de los aspectos analizados fue la cercanía entre las viviendas y los campos donde se realizan aplicaciones de fitosanitarios. Para los investigadores, esa proximidad adquiere especial importancia debido a las denominadas derivas, mediante las cuales los productos pueden desplazarse fuera de los lotes a través del aire, el agua o el suelo.
La preocupación, sostienen, no alcanza únicamente a quienes viven en áreas rurales. Distintos estudios citados por los especialistas han detectado glifosato y sus derivados en matrices ambientales y biológicas, entre ellas polvo doméstico, agua de lluvia, napas subterráneas, alimentos y muestras humanas.
La exposición puede producirse tanto por episodios de intoxicación aguda como por el contacto reiterado con dosis bajas durante períodos prolongados. A esto se suma la posibilidad de que los plaguicidas interactúen con otros compuestos presentes en el ambiente.
Argentina y el uso de plaguicidas
El planteo se desarrolla en un país con un elevado nivel de utilización de agroquímicos. De acuerdo con estimaciones de la FAO citadas por los especialistas, en Argentina se aplican alrededor de 6,3 kilos de pesticidas por hectárea cultivada, por encima de los registros señalados para Estados Unidos, con 2,8 kilos por hectárea, y Francia, con 3,7.
El glifosato se encuentra entre los productos de mayor utilización. Sin embargo, los investigadores remarcan que no existen estadísticas oficiales integrales que permitan determinar con precisión el volumen total de agroquímicos utilizados anualmente en el país.
De los relevamientos territoriales a la publicación científica
Durante años, los resultados de los Campamentos Sanitarios fueron cuestionados por sectores vinculados a la actividad agropecuaria debido a que no habían sido publicados en revistas científicas.
Parte de esos trabajos fue posteriormente sometida a revisión por pares y publicada en una revista internacional especializada en epidemiología. Para el equipo de la UNR, ese proceso permitió fortalecer el respaldo académico de una investigación construida a partir de relevamientos realizados directamente en las comunidades.
Nuevas líneas de investigación
Actualmente, el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR desarrolla nuevas líneas de trabajo junto al Rectorado de la universidad, Médicos del Mundo Argentina y el Colegio de Médicos, en el marco de la Clínica Ambiental Sede Argentina.
Una de ellas está orientada al acompañamiento sanitario y la reconstrucción territorial de los pobladores de la isla El Espinillo, afectada por los incendios de humedales registrados entre 2020 y 2022.
La segunda apunta a construir perfiles epidemiológicos de trabajadores vinculados a la producción hortícola en zonas como La Plata, Luján y Monte Vera.
Los nuevos estudios buscan ampliar la información disponible sobre las condiciones de salud de las poblaciones que viven y trabajan en territorios sometidos a distintas formas de exposición ambiental.
En una región donde la producción agropecuaria ocupa un lugar central, la discusión sobre las distancias de aplicación, los mecanismos de control y los posibles efectos de los fitosanitarios continúa atravesando las agendas ambiental y sanitaria. Los resultados de la UNR vuelven a colocar esa discusión en primer plano y, para Entre Ríos, suman nuevos elementos al debate sobre cómo compatibilizar producción, ambiente y protección de la salud.
